El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó el lunes la ley de regulación de los estados de excepción después de que la nueva norma fue sancionada, hace más de 30 horas, en una sesión maratónica de la Cámara de Diputados.
“Promulgo esta norma porque está bajo la lógica de defender a las grandes mayorías de aquellos que nos quieren atacar e irrumpir este proceso democrático y constitucional”, dijo Paz en un acto realizado en la Casa Grande del Pueblo.
El jefe de Estado aseguró que seguirá gobernando hasta el 2030 y afirmó que a través de la Ley el Gobierno podrá garantizar dar seguridad a la población para poder aprovechar la “prosperidad” de una “economía transformada”.
“Somos un Gobierno y gobernaremos hasta el 2030”, aseveró en su discurso.
Paz afirmó que se busca garantizar el “vivir bien” en el país, pero con seguridad y aseguró que ese derecho, enmarcado en la Constitución, está en peligro por el “narcoterrorismo” “que está haciendo daño y hemos visto claros ataques a ciudades y regiones del país”.
CUÑA
La nueva ley define el estado de excepción como un régimen jurídico extraordinario y temporal, dispuesto por el Presidente del Estado, destinado a preservar el orden constitucional y la seguridad del país frente a situaciones excepcionales.
Esta promulgación ocurre en medio de la radicalización de las protestas de algunos sectores que buscan la renuncia del presidente Paz sin acudir a ninguno de los múltiples llamados al diálogo.
El conflicto comenzó hace 39 días con una declaratoria de paro indefinido de la Central Obrera Boliviana (COB), que días después se agravó con la instalación del bloqueo de carreteras, liderado por organizaciones campesinas.
En un principio,los manifestantes pedían la atención a sus pliegos de demandas sectoriales, pero ahora solo exigen la renuncia del presidente Paz, que gobierna el país desde hace siete meses.
La Ley que regula los Estados de Excepción fue sancionada el fin de semana por el Legislativo y busca “garantizar la conservación del orden público interno, la vigencia de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE) y la protección de la ciudadanía, ante amenazas externas, conmociones internas o desastres naturales”.
