El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, aseguró que la institución advirtió desde 2023 sobre posibles riesgos asociados a los procesos de reunificación familiar y movilidad de niños, niñas y adolescentes migrantes, especialmente provenientes de Haití, cuestionando que las alertas no hayan sido atendidas con la urgencia necesaria por parte de las autoridades.
En entrevista con Radio Cooperativa, Quesille afirmó que tras la reapertura de las fronteras luego de la pandemia comenzaron a detectarse problemas en los mecanismos de control y seguimiento de menores en contexto migratorio.
“Veíamos problemas para asegurar que los procesos de reunificación familiar fueran seguros, trazables, medibles y compatibles con los derechos de los niños”, señaló.
Según explicó, la Defensoría observó falencias para verificar adecuadamente la identidad de los menores, los vínculos familiares, los adultos responsables y el seguimiento posterior de los casos.
Quesille indicó que las preocupaciones fueron plasmadas en oficios enviados a distintos organismos públicos, entre ellos la Subsecretaría de la Niñez, el Servicio Nacional de Migraciones, Mejor Niñez, la Policía de Investigaciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores e incluso el Congreso.
Sin embargo, sostuvo que las respuestas fueron escasas.
“En general tuvimos un porcentaje de respuesta bastante bajo. Hubo manifestaciones de voluntad para avanzar en protocolos y mecanismos de coordinación, pero no vimos medidas concretas”, afirmó.
El defensor agregó que, salvo la constitución de una mesa de trabajo impulsada por la Subsecretaría de la Niñez, no se adoptaron acciones que permitieran contar con antecedentes suficientes para una eventual intervención del organismo.
“Ahora parece importar al mundo político”
La autoridad cuestionó que las advertencias de la Defensoría no hayan generado mayor atención hasta que el caso tomó relevancia pública.
“La recepción de la Defensoría de la Niñez no tuvo mayor importancia y parece que ahora importa al mundo político lo que la Defensoría indica cuando esto explota y se da cuenta que efectivamente estamos frente a la eventual comisión de delitos”, afirmó.
Quesille aclaró que la institución no presentó denuncias penales porque no contaba con antecedentes concretos que permitieran acreditar la existencia de delitos.
“Para denunciar no basta con una sospecha. Se requieren antecedentes concretos. Estos niños ingresaron por pasos habilitados y con documentación que, según las revisiones efectuadas, era regular”, explicó.
Posible denuncia contra el Estado
El defensor también reveló que actualmente evalúan acciones legales tras conocerse antecedentes sobre una eventual red de tráfico de menores.
“Estamos evaluando todas las acciones, entre otras cosas, para poder interponer una denuncia contra el Estado de Chile”, indicó.
Asimismo, advirtió que si se comprueba la existencia de estos hechos, podrían configurarse incumplimientos a compromisos internacionales asumidos por Chile en materia de protección de niños, niñas y adolescentes en contextos de movilidad humana.
Finalmente, lamentó que las distintas instituciones involucradas no hayan coordinado sus acciones oportunamente.
“Cada uno hizo cosas desde sus propias competencias, pero faltó una instancia donde las instituciones pudieran coordinar esfuerzos y compartir información”, concluyó.