El Congreso Nacional despachó el proyecto de protección tarifaria eléctrica, luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara las modificaciones introducidas por el Senado. Con ello, la iniciativa quedó en condiciones de convertirse en ley.
El proyecto busca regularizar la deuda tarifaria acumulada con las empresas distribuidoras, mitigar el impacto de las alzas en las cuentas de la luz, ampliar el subsidio eléctrico durante 2027 y fortalecer la estabilidad y transparencia del sistema eléctrico.
Durante el debate, la presidenta de la Comisión de Minería y Energía del Senado, Yasna Provoste, destacó que la tramitación incluyó más de 16 audiencias y permitió alcanzar un protocolo de acuerdo con el Ejecutivo para avanzar en materias como la modernización de la distribución eléctrica, mejoras en la calidad del servicio, mayor transparencia en los procesos tarifarios y una revisión de los beneficios para pacientes electrodependientes.
La ministra de Energía, Ximena Rincón, explicó que la iniciativa permite enfrentar una deuda cercana a 800 millones de dólares con las empresas distribuidoras, originada por el retraso en los procesos tarifarios.
La secretaria de Estado sostuvo que, sin esta ley, la deuda igualmente debe cobrarse por mandato legal, pero en 48 cuotas y con intereses, mientras que el nuevo mecanismo establece un pago gradual mediante un cargo de 5 pesos por kilowatt-hora, que comenzará a aplicarse en 2028 y se extenderá hasta 2035.
Además, recordó que el cargo vigente asociado a la deuda con las empresas generadoras disminuirá de 22 a 9 pesos por kilowatt-hora en 2028, por lo que el nuevo cobro permitirá regularizar la deuda con las distribuidoras sin generar un impacto mayor en las cuentas.
Entre las medidas incorporadas, el proyecto también contempla la extensión del subsidio eléctrico durante 2027, la posibilidad de renegociar contratos y mayores exigencias de transparencia en el sistema de transmisión.
Durante la discusión parlamentaria también se abordó la situación de las zonas afectadas por el reciente sistema frontal, planteándose la necesidad de fortalecer las compensaciones y asegurar la continuidad del suministro eléctrico.
El senador Renzo Trisotti defendió el proyecto del Ejecutivo, mientras que, la senadora Beatriz Sanchéz se mostró contraria a la fórmula que se ocuparía para calcular los nuevos valores.
Asimismo, una de las modificaciones aprobadas establece que las compensaciones por cortes o incumplimientos del servicio no serán financiadas por los clientes, sino que deberán ser asumidas por las empresas responsables.