La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto que modifica la normativa destinada a fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito.
La iniciativa busca actualizar la Ley 21.802 para facilitar su implementación y mejorar los estándares de los servicios de seguridad y prevención que desarrollan las municipalidades.
Entre los aspectos considerados se encuentran factores como la extensión territorial y la ruralidad para la contratación de personal de seguridad, cuyos funcionarios deberán acreditar además su idoneidad física y psicológica.
Durante la discusión se destacó que las modificaciones buscan entregar mayores herramientas a los municipios para reforzar la seguridad en los barrios, aumentando la presencia de funcionarios y fortaleciendo la coordinación con Carabineros.
El proyecto establece que, para contratar personal destinado a seguridad, los municipios podrán exceder hasta en un 5% de sus ingresos propios percibidos durante el año anterior el límite legal del 42% establecido para gastos en personal.
Sin embargo, la Sala rechazó una disposición aprobada previamente por la Comisión de Gobierno Interior que permitía utilizar hasta un 15% o 25% de esos ingresos para la contratación de inspectores de seguridad, debido a que no alcanzó el quorum calificado requerido.
Durante el debate también surgieron cuestionamientos respecto del financiamiento de las nuevas atribuciones, planteándose que los recursos deberían provenir del nivel central y no exclusivamente de los presupuestos municipales.
Asimismo, algunos parlamentarios advirtieron sobre la necesidad de establecer resguardos para evitar que la contratación de nuevo personal pueda derivar en cuoteos políticos u operadores al interior de los municipios.
Otro de los cambios contempla que los conductores de vehículos de seguridad municipal puedan utilizar licencia de conducir clase B.
Con ello, estos vehículos podrán continuar operando sin que sus conductores deban contar necesariamente con licencia clase F, correspondiente a la conducción de vehículos de emergencia.
Tras su aprobación en la Cámara, la iniciativa fue despachada al Senado para continuar con su tramitación legislativa.