La diputada por Tarapacá Ximena Naranjo (IND-UDI) ofició al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, para solicitar antecedentes sobre las medidas, recursos y resultados obtenidos en el combate contra el crimen organizado en la región.
La solicitud se produce luego de conocerse los resultados del Indicador Nacional de Crimen Organizado, elaborado por el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (CESCRO) de la Universidad San Sebastián, a partir de causas ingresadas al Ministerio Público entre 2022 y 2025.
Según los antecedentes citados por la parlamentaria, Tarapacá se ubica en el tercer lugar nacional entre las regiones con mayor tasa de delitos asociados a organizaciones criminales, mientras que Colchane alcanzó durante 2025 una tasa de 983,3 delitos por cada 100 mil habitantes, la más alta del país.
“Las cifras son demasiado contundentes como para conformarnos con diagnósticos. Tarapacá está entre las regiones más afectadas del país y Colchane tiene la tasa más alta de Chile. Razón por la que necesitamos saber qué se está haciendo, cuánto se está invirtiendo y, sobre todo, cuáles han sido los resultados”, afirmó Naranjo.
La diputada valoró medidas implementadas por el Gobierno como los planes Escudo en Frontera y Escudo en Ruta, destinados a reforzar el control territorial y fronterizo junto a las policías y Fuerzas Armadas, aunque planteó la necesidad de evaluar su efectividad.
En concreto, Naranjo solicitó conocer cuántos controles se han realizado, cuántos ingresos clandestinos han sido detectados o impedidos y cuál es la capacidad policial desplegada en la frontera.
El oficio también pide al Ministerio de Seguridad Pública información sobre las medidas y recursos destinados a Tarapacá en el marco de la Agenda ACOT, además de los resultados de los planes Escudo en Frontera y Escudo en Ruta durante 2025 y 2026, con especial énfasis en Colchane.
Asimismo, solicitó antecedentes sobre el funcionamiento del Consejo Regional contra el Crimen Organizado de Tarapacá, incluyendo sus mesas técnicas, instituciones participantes, frecuencia de las sesiones, acuerdos adoptados y programas de prevención desarrollados en comunas fronterizas.
“Tarapacá no puede seguir siendo solo un punto en el mapa cuando se habla de seguridad. Aquí tenemos una frontera sometida a una enorme presión y comunidades que llevan años enfrentando las consecuencias del crimen organizado”, sostuvo la parlamentaria.