La Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias del proyecto que modifica la Ley 21.325 alcanzó acuerdos unánimes para perfeccionar y agilizar el procedimiento de expulsión administrativa de personas extranjeras. La instancia incorporó observaciones de la Corte Suprema y propuestas surgidas tras escuchar al Ministerio Público y al Ejecutivo.
Uno de los principales cambios acordados es elevar de tres a cinco años el plazo mínimo durante el cual una persona extranjera sometida a una expulsión administrativa tendrá prohibido volver a ingresar a Chile.
La propuesta establece además que la Policía de Investigaciones (PDI) podrá solicitar por escrito a un juez de garantía autorización para ingresar a un domicilio, exclusivamente con el objetivo de aprehender a una persona que mantenga una orden de expulsión firme y ejecutoriada.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, explicó que actualmente la policía no cuenta con esa facultad y que la autorización judicial contemplada en el proyecto busca permitir la materialización de órdenes de expulsión que ya se encuentren completamente tramitadas.
Otro de los acuerdos permite la expulsión inmediata de extranjeros en situación irregular que estén formalizados, acusados o requeridos por simples delitos cuya pena no supere los tres años de privación de libertad y que no registren condenas anteriores.
En esos casos, el procedimiento penal quedará suspendido durante tres años a la espera del cumplimiento de la medida de expulsión. También se estableció una coordinación previa con el Ministerio Público para evitar que la salida del país o el ingreso policial a un domicilio interfieran con investigaciones penales en curso que tengan un interés prevalente para la persecución penal, además de resguardar los derechos de las víctimas.
La presidenta de la Comisión Mixta, senadora Danisa Astudillo, destacó el acuerdo alcanzado entre los distintos sectores políticos y señaló que la propuesta fue trabajada durante varias sesiones.
Por su parte, el senador por Tarapacá Renzo Trisotti sostuvo que las modificaciones buscan establecer plazos más concretos y facilitar la ejecución de las decisiones administrativas de expulsión.
El trabajo de la Comisión Mixta no implica todavía el despacho definitivo de la iniciativa. Su informe deberá ser sometido a la ratificación de las salas de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado.
El proyecto tiene como objetivo fortalecer los mecanismos para ejecutar las expulsiones administrativas, coordinar estas medidas con procesos penales por delitos menores y regular las autorizaciones judiciales requeridas para el ingreso policial a domicilios.