La Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Iquique acogió 28 de las 325 solicitudes de internos de las unidades penales de la jurisdicción que postularon a este beneficio, lo que corresponde a un 8,6% del total presentado a la sesión del segundo semestre de 2026.
Tras revisar los antecedentes propuestos por los tribunales de conducta de las unidades penales, la comisión otorgó 19 libertades condicionales a internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Iquique; seis del Complejo Penitenciario de Alto Hospicio y tres del Centro de Educación y Trabajo de Pozo Almonte.
La comisión cumple funciones como órgano autónomo administrativo y se reúne en abril y octubre de cada año- está integrada por un ministro, dos jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique y dos del Juzgado de Garantía de Iquique.
El trabajo de la comisión está regido por el Decreto Ley N°321, modificado por la Ley N°21.124, que establece como requisitos para postular al beneficio de la libertad condicional, haber cumplido la mitad de la condena y dos tercios en el caso de condenas por delitos graves; presentar una conducta intachable en el establecimiento penal, y contar con un informe de postulación psicosocial elaborado por un equipo profesional del área técnica de Gendarmería, que permita orientar sobre los factores de riesgo de reincidencia y las posibilidades reales de reinserción.
Además, se rige por el reglamento del Decreto Ley N°321, que determina que las comisiones de libertad condicional deben detallar fundadamente en sus informes si los postulantes cumplen o no cada uno de los requisitos, debiendo prestar especial consideración a la posible resocialización desglosada en los informes psicosociales.
En octubre de 2023 se promulgó la Ley N°21.627 que modifica diversos cuerpos legales para establecer mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional, y que dispuso que las víctimas sean informadas acerca de las postulaciones a la libertad condicional y de la concesión de permisos de salida ordinarios de la persona condenada, así como se incluyó que ellas, personalmente o a través de su representante, puedan dar a conocer sus alegaciones o exponer ante la comisión que revisa estas solicitudes. Para esta sesión se revisaron 12 escritos de víctimas.