Un grupo de cinco senadores presentó una reforma constitucional que busca incorporar el crimen organizado a la Constitución, establecer medidas especiales para internos de alta peligrosidad y ampliar las facultades presidenciales para decretar estados de excepción.
La propuesta fue ingresada por los senadores Arturo Squella, Pedro Araya, Andrés Longton, Karim Bianchi e Iván Flores, luego de las diferencias surgidas en torno a una reforma presentada anteriormente por el Ejecutivo.
El proyecto fue derivado a la Comisión de Constitución del Senado y contempla tres modificaciones principales.
La primera busca incorporar el crimen organizado al artículo 9 de la Constitución, donde actualmente se aborda el terrorismo, estableciendo que estas actividades son contrarias a los derechos humanos.
La segunda propone permitir regímenes especiales de segregación, aislamiento e incomunicación para internos de alta peligrosidad vinculados al crimen organizado, terrorismo u otros delitos que determine la ley, con el objetivo de impedir que las organizaciones criminales continúen operando desde las cárceles.
El tercer eje plantea ampliar las facultades del Presidente para decretar estados de emergencia, permitiendo su aplicación ante amenazas actuales o inminentes relacionadas con el crimen organizado y el narcotráfico, sin necesidad de esperar una grave alteración del orden público.
Además, la iniciativa propone que el Mandatario pueda establecer inicialmente el estado de emergencia por 30 días, tras los cuales necesitaría autorización del Congreso para mantenerlo. Durante ese período, el Parlamento también podría dejar sin efecto la medida.
El senador Andrés Longton explicó que estas modificaciones permitirían posteriormente avanzar en proyectos de ley destinados a implementar las nuevas disposiciones constitucionales.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya, llamó a construir un acuerdo político amplio para avanzar en la iniciativa, mientras que los demás parlamentarios destacaron la necesidad de abordar la seguridad mediante consensos transversales.
La reforma iniciará ahora su discusión en la Comisión de Constitución del Senado.



