El Consejo Regional Tarapacá del Colegio de Periodistas de Chile manifestó su preocupación por los resultados del Primer Estudio Nacional de Evaluación de Violencia y Riesgos Psicosociales en el Periodismo Chileno, investigación que evidencia prácticas de hostigamiento, precarización laboral, discriminación y desprotección que afectan el ejercicio profesional en el país.
La investigación, realizada por el Colegio de Periodistas de Chile y Diversity Development Consulting, bajo la dirección de Carla Rojas Neculhual, consideró una encuesta a 258 periodistas de todas las regiones del país, complementada con entrevistas y grupos focales.
Entre los principales resultados, un 66% de las personas encuestadas reportó exclusión de reuniones o espacios de decisión, un 61% señaló dificultades para acceder a información necesaria para realizar su trabajo, un 45% manifestó haber experimentado humillaciones o ridiculizaciones y un 43% declaró ataques a su reputación profesional.
El estudio también identificó situaciones de acoso sexual, violencia ejercida por terceros y desconfianza en los mecanismos institucionales de denuncia. Un 37% de las personas encuestadas expresó desconfianza en que sus denuncias sean atendidas oportunamente, mientras que un 35% manifestó dudas respecto de la confidencialidad de estos procedimientos.
Incertidumbre laboral y renovaciones contractuales
Para la presidenta del Consejo Regional Tarapacá del Colegio de Periodistas, Mackarena Calderón Angulo, los resultados adquieren especial relevancia en esta época del año, cuando comienza a instalarse la incertidumbre respecto de la continuidad laboral de numerosos profesionales que se desempeñan en el sector público.
“Durante demasiado tiempo se ha confundido la vocación periodística con la obligación de soportar malas condiciones laborales. Las jornadas excesivas, las presiones, las descalificaciones y el temor a denunciar no pueden seguir siendo considerados parte natural de nuestra profesión. En Tarapacá necesitamos abrir esta conversación con seriedad, porque detrás de cada periodista que trabaja bajo presión o temor, también existe una ciudadanía que puede ver afectado su derecho a estar informada”, señaló Calderón.
La dirigenta gremial puso especial énfasis en la situación que enfrentan las y los periodistas que trabajan en servicios públicos, particularmente en las unidades de comunicaciones, cuya continuidad laboral suele quedar expuesta a decisiones administrativas y cambios de autoridades.
“Estamos entrando en un período especialmente sensible para quienes trabajan en el Estado, porque es en estas fechas cuando comienzan a comunicarse las decisiones sobre renovaciones y no renovaciones de contratos para el próximo año. Las áreas de comunicaciones son particularmente vulnerables a estos procesos, ya que muchas veces su continuidad depende de criterios de confianza o de decisiones políticas, más que de una evaluación objetiva de su desempeño profesional. Esa incertidumbre genera temor, debilita la estabilidad laboral y puede incluso inhibir la denuncia de situaciones de maltrato”, sostuvo la presidenta regional.
Calderón agregó que la protección del ejercicio profesional debe entenderse como una responsabilidad compartida entre empleadores, instituciones públicas, medios de comunicación y organizaciones gremiales.
“No basta con tener protocolos escritos o declarar que se respeta la libertad de prensa. Necesitamos instituciones que garanticen condiciones laborales dignas, procedimientos de denuncia confiables y protección efectiva frente a represalias. Ningún periodista debería sentir que denunciar una irregularidad, cuestionar una instrucción o ejercer sus derechos laborales puede significar perder su fuente de trabajo”, enfatizó.
Un desafío para Tarapacá
Desde el Consejo Regional Tarapacá señalaron que los resultados nacionales constituyen una oportunidad para abrir una discusión regional sobre las condiciones en que se ejerce el periodismo, tanto en medios de comunicación como en servicios públicos, universidades, empresas y organizaciones privadas.
Asimismo, destacaron la importancia de fortalecer los mecanismos de prevención del acoso laboral y sexual, garantizar el cumplimiento de la Ley Karin y promover espacios laborales donde las y los profesionales puedan desarrollar sus funciones con independencia, seguridad y respeto.
El estudio constituye una primera línea de base nacional sobre violencia y riesgos psicosociales en el periodismo chileno, aportando antecedentes para impulsar medidas de prevención, protección y mejoramiento de las condiciones laborales.