El Gobierno defendió la rebaja de condena a 56 delincuentes sentenciados por abuso sexual y violación de menores desde el inicio de mandato el 11 de marzo.
Las solicitudes ingresaron directamente al Ministerio de Justicia y fueron autorizadas mediante la firma del presidente José Antonio Kast. Del total, 27 corresponden a condenados por abuso sexual y 29 por delito de violación.
Según explicó el ministro Fernando Rabat, antes de que entrara en vigor la reforma legal de 2022, la Corte Suprema había acogido recursos de amparo presentados por personas condenadas por estos delitos, reconociéndoles el derecho a obtener rebajas de penas.
El secretario de Estado aseguró que lo que hizo el Ministerio “fue establecer la doctrina que la propia Corte Suprema estableció por la vía de dichos recursos”.
El nuevo vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, también abordó la polémica y acusó que el enfoque con el que se dio a conocer la noticia fue “mal intencionado”.
La decisión abrió un nuevo flanco de críticas al Ejecutivo y desde la oposición ya anunciaron que buscarán las firmas para interpelar al ministro de Justicia y promover un proyecto para impedir que quienes cometen estos delitos accedan a ese beneficio.