El jueves la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, se refirió a las rebajas de condena a criminales sentenciados por delitos sexuales contra menores concedidas por el Gobierno de José Antonio Kast desde el inicio de mandato el 11 de marzo.
La magistrada aseguró que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, dictó los decretos para rebajar condenas a criminales, pero “conforme a las facultades legales que tiene”.
De hecho, el secretario de Estado ha defendido la decisión como un simple cumplimiento de la ley y que se siguió una interpretación respaldada por el máximo tribunal, lo que ha abierto un amplio debate jurídico.
Al respecto, Chevesich explicó que existe una comisión de rebaja de condenas que dicta una determinada decisión y que, “si no se recurre de amparo respecto de aquella decisión, es imposible que los tribunales, las cortes de apelaciones, la Corte Suprema, puedan emitir un pronunciamiento sobre la materia”.
En ese sentido, la jueza eludió respaldar el argumento central de Rabat, quien sostiene que fue la Suprema la que fijó un criterio uniforme para rebajar la pena a los violadores y abusadores con buena conducta que hubieran sido sentenciados antes de que se publicara la ley 21.421 de febrero de 2022.
La magistrada defendió sobre este caso que habría que revisar cada sentencia para determinar si existe o no una jurisprudencia, y que esa tarea le corresponde “a los doctrinarios, a los estudiosos de las sentencias dictadas por la Suprema”.
En paralelo, el Comité de Diputadas y Diputados del Partido Comunista e Independientes solicitará una sesión especial de la Cámara para esclarecer las responsabilidades del Gobierno en la rebaja de condenas.
La decisión será el primer paso de una ofensiva fiscalizadora que mantiene abierta una eventual interpelación al ministro de Justicia, Fernando Rabat.