La Comisión de Salud del Senado inició el estudio de un proyecto de ley que busca aumentar el financiamiento de la Ley Ricarte Soto, normativa que garantiza protección financiera para diagnósticos y tratamientos de enfermedades de alto costo en Chile.
La iniciativa, que se encuentra en segundo trámite constitucional y cuenta con urgencia suma, propone elevar el aporte fiscal anual al fondo desde los actuales $100 mil millones a $185 mil millones, además de introducir modificaciones para mejorar su sostenibilidad financiera.
Durante la sesión, la ministra de Salud, May Chomalí, explicó que el Ejecutivo decidió continuar con la tramitación de una propuesta originada durante la administración anterior, debido a la necesidad de incorporar nuevos recursos al sistema.
La autoridad señaló que, después de diez años de funcionamiento, la normativa requiere ajustes para responder al crecimiento de la demanda y garantizar la continuidad de las prestaciones.
De acuerdo con los antecedentes entregados por el Ministerio de Salud, la Ley Ricarte Soto ha beneficiado a 52 mil pacientes, contempla la cobertura de 27 enfermedades y garantiza 67 tecnologías médicas.
Sin embargo, la ministra advirtió que el sistema enfrenta dificultades financieras debido al aumento sostenido de los costos de tratamientos y diagnósticos.
“Desde el 2020, el gasto siempre fue mayor al presupuesto. Nuestro balance es que el marco normativo es muy sólido, pero el aporte fiscal es fijo frente al crecimiento del gasto”, explicó Chomalí.
La secretaria de Estado recordó que la Dirección de Presupuestos había advertido en 2021 que el fondo podría enfrentar problemas de financiamiento a partir de 2026.
Asimismo, indicó que desde 2019 no se han incorporado nuevas enfermedades al sistema, mientras que en 2024 solo se realizaron modificaciones relacionadas con patologías que ya contaban con cobertura.
Esta situación ha provocado una acumulación de solicitudes de organizaciones de pacientes y asociaciones médicas que buscan incorporar nuevos tratamientos.
Entre las principales modificaciones propuestas se encuentra el aumento del aporte fiscal anual a $185 mil millones y la elevación del límite de gasto del fondo desde el 80% al 90%.
La iniciativa también contempla permitir aportes fiscales adicionales e introducir cambios en los procesos de evaluación científica, priorización y decisión sobre diagnósticos y tratamientos de alto costo.
Asimismo, propone nuevas disposiciones relacionadas con la publicación y actualización de precios máximos industriales, la incorporación de prestaciones al Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES) y la modificación de decretos según los costos anuales.
El objetivo es entregar mayor flexibilidad financiera al sistema y generar condiciones para negociar mejores precios de medicamentos y tratamientos.
Parlamentarios cuestionan recorte de $28 mil millones para 2027
La discusión legislativa se desarrolla en paralelo al debate del proyecto de Presupuestos 2027, que contempla una rebaja de $28 mil millones en los recursos asociados a la Ley Ricarte Soto.
Durante la sesión, integrantes de la Comisión de Salud solicitaron al Ejecutivo aclarar cómo se compatibiliza esta reducción presupuestaria con el proyecto que busca aumentar el financiamiento del sistema.
El presidente de la comisión, senador Juan Luis Castro, expresó preocupación por la posibilidad de que los nuevos recursos solo permitan cubrir los gastos actuales, sin generar espacio para incorporar otras enfermedades.
En tanto, la senadora Ximena Órdenes planteó dudas sobre la continuidad de los beneficios y las consecuencias de un eventual traspaso de prestaciones desde la Ley Ricarte Soto al sistema GES.
Por su parte, la senadora Karol Cariola cuestionó la disminución presupuestaria y advirtió sobre la necesidad de garantizar que los pacientes mantengan sus tratamientos.
“Me preocupa la suficiencia del nuevo aporte porque el gasto presupuestado supera con creces el alza. Entonces, ¿hasta qué año se garantiza la cobertura?”, manifestó.
Ministra reconoce incertidumbre sobre suficiencia de los recursos
Frente a las inquietudes de los parlamentarios, la ministra May Chomalí reconoció que no existen garantías de que el aumento del financiamiento sea suficiente para cubrir la demanda futura.
“No hay certezas absolutas de que el alza será suficiente”, señaló la autoridad.
No obstante, explicó que la propuesta incorpora herramientas para mejorar la negociación de precios y reducir los costos de las prestaciones actualmente cubiertas.
Según indicó, una eventual disminución de estos gastos permitiría disponer de mayores recursos para evaluar la incorporación de nuevas enfermedades y tratamientos.
Por ahora, el proyecto continuará su discusión en la Comisión de Salud del Senado, mientras que la rebaja presupuestaria deberá resolverse en el marco de la tramitación del Presupuesto 2027.
Ambas discusiones legislativas avanzan por vías distintas, por lo que el aumento del financiamiento propuesto todavía no está aprobado y tampoco se ha resuelto definitivamente el ajuste presupuestario para el próximo año.