La iniciativa fue respaldada por 34 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones. El Ejecutivo busca incorporar financiamiento para las medidas preventivas y modificar las obligaciones que deberán cumplir los propietarios de terrenos.
La Sala del Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta del proyecto de ley sobre prevención, mitigación y responsabilidad ante incendios forestales y rurales, en medio de cuestionamientos del Gobierno al financiamiento de las medidas contempladas.
La votación se realizó el miércoles 11 de noviembre, con 34 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones, mientras el Ejecutivo confirmó que presentará un veto sustitutivo para modificar la propuesta antes de su promulgación.
La iniciativa contempla la creación de zonas de seguridad entre áreas urbanas y rurales, además de medidas obligatorias para prevenir incendios, como limpieza de vegetación, construcción de cortafuegos y elaboración de planes preventivos.
También establece que los instrumentos de planificación territorial deberán incorporar el riesgo de incendios forestales, junto con reforzar la coordinación entre organismos públicos y comunidades.
Gobierno anuncia veto y propone subsidios
El ministro de Agricultura, Jaime Campos, cuestionó que el proyecto imponga obligaciones a propietarios sin contemplar recursos suficientes para ejecutarlas, especialmente en el caso de pequeños y medianos agricultores.
Tras la aprobación, el ministro secretario general de la Presidencia, José García, adelantó que el veto incorporará un fondo o subsidio para financiar medidas de prevención, además de obligaciones y multas proporcionales al tamaño de los propietarios.
La propuesta del Ejecutivo también considera patrullajes preventivos, cortes programados de electricidad en situaciones de riesgo y un sistema de combate nocturno de incendios.
Parlamentarios defienden necesidad de una ley
Durante el debate, distintos senadores cuestionaron la decisión del Gobierno de modificar la iniciativa a pocas semanas de la temporada de mayor riesgo de incendios forestales.
La presidenta de la Comisión de Agricultura, Alejandra Sepúlveda, defendió el proyecto y destacó que contempla medidas de prevención, fortalecimiento de Conaf, coordinación con Senapred y preparación de las comunidades.
Otros parlamentarios respaldaron la necesidad de revisar las obligaciones económicas impuestas a los propietarios para evitar que pequeños agricultores deban asumir costos que no pueden financiar.
El proyecto, ingresado al Congreso en octubre de 2023, continuará su tramitación legislativa, mientras el Gobierno prepara el veto sustitutivo anunciado.
