El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha aprobado una resolución en la que pide al Gobierno que abra sus puertas a la asistencia humanitaria “para solucionar la escasez de comida y de medicinas, el aumento de la malnutrición, especialmente entre los niños, y el brote de epidemias que habían sido previamente erradicadas en Sudamérica”.
La resolución además expresa preocupación “por las graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de una crisis política, económica, social y humanitaria”.
El texto lo copatrocinan 42 países, entre ellos Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guayana, Honduras, México, Paraguay y Perú y ha obtenido 23 votos a favor, 17 abstenciones y 7 en contra.
Asimismo, pide al Gobierno que colabore con la Oficina de Derechos Humanos y el resto de los mecanismos del Consejo.
La resolución solicita a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos que elabore un nuevo informe “exhaustivo” sobre la situación de los derechos humanos y que éste sea presentado ante el Consejo.
Michelle Bachelet explicó que cuando se reunió con el canciller venezolano, Jorge Arreaza, en Ginebra le pidió “acceso al país” y le explicó que su oficina, con o sin resolución, tiene que monitorear y hacer un reporte sobre la situación de los derechos humanos. Ahora, con el mandato de la resolución, Bachelet asegura que van a “continuar” haciendo ese trabajo.
Bachelet (@mbachelet) pide a #Venezuela que deje entrar al país a los investigadores de @UNHumanRights, tras la resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. pic.twitter.com/bO0yDSO5CV
— Radio Paulina (@radiopaulina) 27 de septiembre de 2018
“Lo haremos como se espera de nosotros, de manera imparcial, no selectiva, sin sesgo y lo más neutral posible, pero para eso la mejor forma es que tengamos acceso a todos los actores”, explica.
El texto aprobado por el Consejo de Derechos Humanos “reafirma que todos los Estados tienen la responsabilidad de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de sus ciudadanos y cumplir sus obligaciones bajo los tratados y acuerdos de los que es parte”.
Subraya que cientos miles de venezolanos “se ven obligados a abandonar el país, entre otras cosas, debido a una crisis humanitaria, política, económica y social que seriamente afecta sus derechos humanos”.
El embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero, condenó la resolución y la consideró “el comienzo de una escalada intervencionista” para conseguir la caída del Gobierno y “establecer un mecanismo de tutela” foráneo sobre Venezuela.
Informe de la oficina de Derechos Humanos
La Oficina de Derechos Humanos ya elaboró en los últimos dos años informes sobre las violaciones cometidas en Venezuela, pero éstos no se pudieron presentar en el Consejo para ser debatidos al no haber sido solicitados por el organismo.
En el último informe, de junio de 2018, la Oficina del Alto Comisionado detalló las violaciones perpetradas entre julio de 2015 y marzo de 2017 en el marco de las llamadas “Operaciones para la Liberación del Pueblo” que, según la Fiscalía General venezolana, habrían dejado un saldo de 505 muertos a manos de las fuerzas de seguridad.
“El hecho de no haber responsabilizado a las fuerzas de seguridad por las violaciones tan graves de derechos humanos que se han perpetrado sugiere que el Estado de Derecho está prácticamente ausente en Venezuela”, dijo el anterior Alto Comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein. Debido a que el Gobierno de Venezuela no otorgó a la Oficina el acceso al país, pese a las repetidas solicitudes cursadas, y “habida cuenta de la gravedad y la naturaleza de las violaciones”, Zeid recomendó al Consejo de Derechos Humanos que se establezca una Comisión de Investigación sobre la situación en Venezuela.
El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, se dirigió al Consejo de Derechos Humanos el pasado 11 de septiembre y afirmó que su país pretendía volver a colaborar con la Oficina tras la asunción a principios de mes de la nueva alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Por otro lado, seis países americanos, Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Canadá, han enviado una carta dirigida a la Corte Penal Internacional en la que pide que investigue a Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad.
La Alta Comisionada Michelle Bachelet dijo que “respeta la decisión” y explicó que probablemente la carta vaya acompañada del informe de su oficina de junio de 2018. “Es una decisión de ellos hacerlo y es una decisión del Tribunal decidir o no si acoge la solicitud”, explicó en declaraciones a la prensa.
Éxodo de venezolanos
Más de 2,3 millones de venezolanos han salido del país.1,6 millones se han ido desde 2015 y un 90 por ciento de ellos se ha quedado en América del Sur.
Según las cifras de ACNUR, unos 5000 venezolanos abandonan cada día su país. Perú es el país donde se han presentado más solicitudes de estatus de refugiado: 127.000, de un total de 299.000 en todo el mundo.
Las Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han nombrado a Eduardo Stein como representante especial conjunto para los refugiados y migrantes venezolanos en América Latina.
En rueda de prensa, el Secretario General, António Guterres, dijo que ese nombramiento era necesario para reforzar la respuesta humanitaria en la región ante el “alto número” de venezolanos que abandonan el país.
