“Fue en ese momento en que comenzaron las descalificaciones con frases como ‘Ud. no sabe nada’, ‘¿Dónde estudió?… ¿de verdad tienen un magister?, ‘¿Estai seguro que te gusta esta pega?’. En algunos casos dichas frases iban acompañadas de groserías, como la palabra ‘huevón’.”.
El anterior es uno de los párrafos de la demanda que el pasado 10 de septiembre ingresó al Juzgado del Letras del Trabajo de Iquique y donde la principal demandada es la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social, Katherine Aliaga, y el propio ministerio de Desarrollo Social.
Este caso podría ser una más de las demandas laborales de funcionarios del anterior gobierno que fueron, gota a gota, siendo despedidos por la actual administración. Sin embargo, reviste una gravedad superior a los casos de discriminación que han zanjado tanto la Corte Suprema como el mismo Juzgado del Trabajo, pues se trata de un funcionario que presentó su recurso estando aún hasta hoy en funciones, que posee un 70% de discapacidad física -de acuerdo al Registro Nacional de la Discapacidad– y que acusa en su demanda, ni más ni menos, que a la cartera de la cual depende el Servicio Nacional de la Discapacidad.
En el libelo -notificado el pasado jueves 27 de septiembre a la autoridad de Desarrollo Social-, el trabajador Tito Rodríguez Elgueta, funcionario a contrata y jefe de administración y finanzas de esa repartición, de profesión Ingeniero Comercial y Magíster en Administración de Empresas con mención en Recursos Humanos, acusa a la seremi Katherine Aliaga de proferir tratos despectivos, descalificatorios e irrespetuosos hacia “los funcionarios del servicio y, muy particularmente, con el suscrito, lo cual se expresó en solicitudes no pertinentes con el trabajo, de carácter extemporáneas o de carga excesiva”.
En su demanda, Rodríguez expresa que la autoridad solicitaba “información no pertinente con las funciones del ministerio, o bien entregar instrucciones para la gestión de algún requerimiento y, casi de manera inmediata, dar una contraorden”, para posteriormente volver a pedir información distinta a los requerimientos ya realizados, “todo lo anterior con el claro objetivo de que el suscrito no cumpliera con lo encomendado”.
Historial de Aliaga
Según indica la demanda por tutela de derechos constitucionales fundamentales del funcionario Rodríguez, “las acciones de denostación y menoscabo proferidas por la seremi señora Aliaga eran aplicables a todos los funcionarios del servicio, lo cual significó, entre otras situaciones, que algunos funcionarios renunciaran durante el período de marzo a mayo de este año, o bien iniciaran acciones legales contra la autoridad”.
Y, efectivamente, de acuerdo a entrevistas realizadas por este medio a distintos funcionarios de la seremi de Desarrollo Social, el ambiente desde el mes de marzo no es de lo mejores bajo el yugo de Aliaga, quien estrenó su estilo en el mes de marzo obligando a que el periodista que tenía esa repartición firmara su carta de renuncia “voluntaria”, procedimiento que la autoridad volvería a utilizar, tal como se verá más adelante.
Pese a que la flamante seremi de Desarrollo Social logró su objetivo con el periodista, el nuevo profesional que llegó a hacerse cargo de las comunicaciones solo alcanzó a durar una semana en el puesto, por desavenencias de trato con la autoridad, y también presentaría su renuncia, un indicador que no logró encender las luces en un gobierno que recién se instalaba.
Otra de las actuaciones que indicaba el estilo de las nuevas autoridades de Desarrollo Social habría ocurrido en una reunión donde se entregaron los resultados de una auditoría que se realizó a la gestión anterior, y a la cual fueron citados todos los trabajadores de la cartera. Según relata el ex funcionario Sergio Cortez, el auditor a cargo de la investigación interna habría señalado, al presentar los resultados relativos al uso de horas de colación que, “de acuerdo a lo observado, son todos unos sinvergüenzas”.
Este hecho generó malestar entre los funcionarios, que no podían creer el trato que recibían, más cuando observaron que la misma seremi Katherine Aliaga asentía a las palabras del auditor del servicio. Este hecho sacó de su serenidad habitual al abogado Cortez -en ese momento representante del Sindicato de Trabajadores a Honorarios de la seremi de Desarrollo Social-, quien expresó a las nuevas autoridades y ante todos sus compañeros de trabajo que “la sinvergüenzura que usted señala no es algo que naciera precisamente de nosotros, que con patudez nos tomábamos ese tiempo, sino que fue un acuerdo entre la antigua autoridad y los trabajadores”.
Esa frase sería el principio del fin para el funcionario Sergio Cortez.
Días después, el 27 de abril, la misma seremi Aliaga lo citó a su despacho para informarle que “comienzan las desvinculaciones de las personas que no son de confianza política y tú estás en la lista”. En esa reunión, de acuerdo al relato del abogado, la autoridad le habría planteado dos opciones: o firmaba la carta de renuncia (el mismo modus operandi utilizado con el experiodista del servicio), o esperaba la resolución del término de su contrato.
Tras negarse a firmar la renuncia “voluntaria”, el abogado Segio Cortez era informado por Katherine Aliaga que su contrato terminaba ya no al momento en que se redactara la resolución de término de su contrato, sino que “desde hoy 27” (de abril), es decir, inmediatamente.
Estos hechos terminarían en la primera demanda laboral que recibió la seremi de Desarrollo Social este año (descargar aquí).
Cabe recordar que, precisamente, entre los meses de marzo y abril, cuando en Tarapacá las aguas aún estaban turbulentas al interior de Chile Vamos por la inequitativa repartición de cargos en los servicios públicos, algunos miembros de la coalición gobernante se preguntaban cuáles eran las condiciones para haber nombrado a Aliaga en una cartera tan determinante para la ejecución de proyectos regionales, señalando además que carecía de experiencia política. La respuesta que se expresaba por aquellos días era una sola: “Es la mejor amiga de la esposa de Quezada”, la máxima autoridad regional.
Liderazgo disfuncional
La presión sobre Tito Rodríguez continuó. Pese a las buenas calificaciones y a las anotaciones de mérito que traía en su historial laboral, había llegado la hora de ser evaluado por su nuevo superior directo, es decir, por la misma seremi Aliaga, momento en que sus temores se hicieron realidad: las notas referidas a su trabajo profesional al interior del servicio se vinieron abajo.
Dado este escenario de constante presión y acoso, el 11 de julio el ingeniero comercial es diagnosticado con una enfermedad profesional de carácter psiquiátrica y es enviado a reposo, Junto con lo anterior, la Asociación Chilena de Seguridad, dada la gravedad del diagnóstico, ordena aplicar una evaluación a la seremi de Desarrollo Social, con una conclusión lapidaria para la jefatura del servicio.
Según indicó el informe de la mutualidad, la “evaluación del puesto de trabajo corrobora presencia de factor de riesgo (de) liderazgo disfuncional, a través de comportamiento hostil en el puesto de trabajo del paciente”.
Y el liderazgo disfuncional con comportamiento hostil era, ni más ni menos, que de la jefatura directa del funcionario Rodríguez, es decir, la seremi de Desarrollo Social, Katherine Aliaga.
Según explica el psicólogo, MBA y especialista en estilos organizacionales, Luis Figueroa, “un líder disfuncional es alguien que no actúa como líder frente a su equipo, que no cumple sus funciones de jefaturas, que no es estratega, que no gestiona conocimiento, que no está empoderado, que no forma equipo y que no es capaz de mantener relaciones armónicas entre los colaboradores, así como tampoco es capaz de mantener un buen clima laboral, ni es capaz de resolver ni de negociar conflictos”.
Dados todos estos antecedentes y otros tantos contenidos en la demanda laboral (T-145-2018), el funcionario Tito Rodríguez -que oficialmente aún es trabajador de la seremi- está solicitando que el ministerio de Desarrollo Social lo indemnice por daño moral con un monto de 80 millones de pesos, que la seremi Katherine Aliaga le pida disculpas por medio de una carta publicada en un diario regional y que se realice un taller a todos los funcionarios de la cartera en la región de Tarapacá, sobre derechos fundamentales y protección al empleo de los funcionarios públicos.
Regreso al trabajo
Como se señaló, el funcionario Tito Rodríguez, excandidato a concejal de la Democracia Cristiana, sigue siendo trabajador de la seremi de Desarrollo Social. La semana pasada, una vez concluida su licencia médica, debió retornar a su puesto de trabajo y su reingreso no fue de lo más alentador.
Al día siguiente de su reingreso fue notificado que la seremi Katherine Aliaga había ordenado quitarle su cargo de Jefe de Administración y Finanzas, lo que se traduciría en la inmediata reducción de su remuneración y la postergación de sus planes para cambiar las prótesis que tiene en la cadera.
Ayer martes y dado el ambiente que se vive en las oficinas de la seremi de Desarrollo Social, el funcionario Tito Rodríguez -con todo el dolor que le significan sus huesos de metal y su 70% de discapacidad física-, bajó las escalinatas del edificio de la Intendencia Regional para abandonar nuevamente su lugar de trabajo, esta vez para ser diagnosticado con una crisis de pánico y, quizás, para nunca más volver…
REVISA LA DEMANDA COMPLETA AQUÍ
