Un grupo de diputados, a través de la resolución 260, solicitó al Presidente de la República que adopte las medidas necesarias en orden a evitar la aplicación de los aranceles al porte y transporte de mercancías que salen de la zona franca, y que son considerados como productos prioritarios por la Ley 20.920, que establece el marco para la gestión de los residuos.
El documento, que sumó 114 votos a favor y una abstención, persigue gestionar adecuadamente los desechos y mejorar los índices de reciclaje de las regiones extremas. Ello debido a que el Servicio de Impuestos Internos ha interpretado que tales elementos no son desechos destinados a ser eliminados, sino que por el contrario constituyen materias primas para elaborar otros productos, y por lo tanto, son objeto de gravámenes.
Los considerandos del texto citan resultados de la Encuesta Nacional de Medio Ambiente 2018, que muestran que las mayores preocupaciones ambientales de los habitantes de zonas extremas son la generación de residuos, su mal manejo y la contaminación que provocan. Además, indica que estas zonas son las que tienen menores índices de reciclaje a nivel nacional.
Esto ha provocado una serie de incovenientes sociales y ambientales, puesto que proliferan los basureros clandestinos y vertederos ilegales de chatarras, neumáticos, baterías y aceites, etc., muchos de los cuales son residuos considerados peligrosos.
Esta resolución fue presentada por los diputados UDI Sandra Amar, María José Hoffmann, Renzo Trisotti, Gastón Von Mühlenbrock, Nino Baltolu, Celso Morales y Nicolás Noman, el RN Ramón Galleguillos; el IND René Alinco y el PS Luis Rocafull.
