El pasado miércoles 28 de noviembre el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, hizo llegar a todos sus colegas del gabinete presidencial, a los subsecretarios, intendentes y a los gobernadores provinciales el oficio circular número 21, el que contenía orientaciones para todos los jefes superiores de servicios sobre cómo desarrollar el proceso de renovación del personal a contrata en las reparticiones públicas.
El instructivo comenzó a distribuirse -a lo largo de Chile y hacia todos los servicios del Estado-, el mismo día en que concluía la negociación con la Mesa del Sector Público por el reajuste salarial y apenas 48 horas antes de terminar el mes de noviembre, plazo fatal que tiene el Estado para notificar a aquellos funcionarios a los que no renovará su contrata para el siguiente año.
El oficio de Larraín no pasó de ser una tardía formalidad para las decenas de funcionarios que habían recibido sus notificaciones de despido días, semanas o meses antes, y también para aquellos que estaban recibiéndolas el mismo miércoles 28 de noviembre, dos días antes de que concluyera la semana más angustiosa del año para los trabajadores a contrata del sector público.
Algunos que aún no recibían la carta ese miércoles y que tomaron con cierta esperanza el oficio de Larraín, desconocían que sus cabezas ya tenían precio y que sus nombres estaban siendo impresos en cientos de notificaciones que, por esas mismas horas, se comenzaban a distribuir a lo largo de Chile.
El mismo 28 de noviembre, el PPD emitía un comunicado donde cifró en 2.700 los despidos a nivel nacional, señalando “que podrían subir en las próximas horas”. Dos días más tarde, en la mañana del viernes 30 de noviembre, la ANEF también emitiría un comunicado señalando que “somos la primera línea de defensa de nuestros compañeros” y que “nuestra defensa se extiende a todo despido que no esté basado en razones fundadas y particularmente de la Evaluación de Desempeño Estatutariamente regulada”.
Pero la leche ya estaba derramada…
EL GOTA A GOTA DE LOS DESPIDOS
El 11 de julio de este año, la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, confirmaba en Punta Arenas que la, hasta entonces, seremi de Desarrollo Social, María Teresa Castanón, pasaba a convertirse en la nueva Intendenta de Magallanes. Menos de 30 días después, una declaración de la flamante autoridad austral generaba un dolor de cabeza al gobierno central tras confirmar en una radio local lo que hasta esa fecha era un secreto a voces: aseveró que la instrucción era reducir en un 20% los funcionarios de cada estamento público, debido al déficit heredado del gobierno anterior y al exceso de contrataciones que se habían realizado en 2017.
Los despidos bajo esa instrucción ya estaban corriendo. De hecho, dos días después de la declaración de la intendenta de Magallanes, la Corte Suprema se pronunciaba por un despido ocurrido en el mes de mayo en la región de Tarapacá.
Ese 9 de agosto, el máximo tribunal del país acogía un recurso de protección del abogado Enzo Morales –que la Corte de Apelaciones de Iquique había rechazado– y ordenó al gobernador del Tamarugal, Luis Tobar, que reintegrara a la periodista Yocelyn Araneda, luego que el 2 de mayo emitiera una resolución para despedirla, la que fue considerada ilegal y arbitraria por la corte.
Un día antes, con fecha 1 de mayo -feriado por el Día del Trabajador-, el Gobierno Regional había emitido una resolución para desvincular al periodista de ese servicio, y dos días hábiles antes, en la seremi de Desarrollo Social, se pedía la renuncia voluntaria y forzosa al periodista Patricio Iglesias. En la misma jornada, era despedido de este mismo servicio el funcionario Sergio Cortez.
Por alguna razón, que parecía no tener relación entre un caso y otro, funcionarios de carácter técnico, pero que iniciaron funciones en el gobierno anterior, comenzaron a perder sus fuentes laborales desde fines de abril, uno tras otro, y sin fundamentos de peso.
LA SUERTE ECHADA…
El oficio circular número 21 que distribuyó la semana pasada el ministro Larraín es, en términos simples, un relato de lo que no se debía hacer a la hora de desvincular funcionarios, principalmente por los efectos que un despido mal fundamentado podría acarrear a las arcas del Estado, en caso de judicializarse por parte de los trabajadores despedidos y ante una posible derrota en tribunales.
Cabe recordar que el principal argumento que se esgrimía para reducir personal en los servicios públicos, tal como lo ratificó la intendenta de Magallanes en agosto, era el deprimido estado de las cuentas fiscales, y una avalancha de juicios perdidos se convertiría en un contrasentido para el discurso oficial sobre el déficit.
Por lo anterior, el ministro de Hacienda señaló en el oficio del pasado 28 de noviembre que “las eventuales no renovaciones de las contratas deben estar limitadas solo a casos debidamente fundados, que impidan discriminaciones arbitrarias” -tal como había ocurrido, por ejemplo, con la periodista de la gobernación provincial del Tamarugal-, y que los criterios para desvincular debían basarse “en fundamentos obtenidos en el proceso de desempeño de los funcionarios o, en su defecto, en la no continuidad de programas o planes para los cuales prestan servicios en la respectiva institución”.
También, el oficio del dueño de la billetera fiscal hizo especial mención a los casos de funcionarios “en edad de jubilar o próximos a cumplirla, o con enfermedades graves, catastróficas y/o terminales”.
Pero la leche ya estaba derramada… y la suerte echada.
El viernes 23 de noviembre, en la seremi de Desarrollo Social de Tarapacá se procedió a notificar la desvinculación a cinco funcionarios, a los que se sumaría una sexta despedida, quien sería notificada por correo.
Entre esos cincos casos iniciales, la autoridad del servicio -junto a un funcionario de confianza que grababa las notificaciones-, informó del término de la relación contractual a Gladys Melero Rivera, funcionaria de grado 15, quien se encontraba a apenas dos años de obtener su jubilación y para la cual el oficio del ministro Larraín llegó demasiado tarde.
¿UN BREAK PARA UN CIGARRITO?
Pero, tanto para Gladys Melero como para sus compañeros, así como también para otros funcionarios públicos, la suerte estaba echada no por una mala evaluación o por el término de los programas, sino que, al parecer, por una decisión tomada muchos meses atrás.
El día 10 de abril de este año, justo a un mes de asumido el nuevo Gobierno Regional y sin existir aún ningún proceso de evaluación formal de funcionarios por parte de esta administración, en la oficina del intendente Miguel Ángel Quezada se estaba fraguando el despido de decenas de funcionarios públicos de la región de Tarapacá.
De acuerdo a la reconstitución que pudo hacer Radio Paulina, ese día fueron citados al despacho de la máxima autoridad regional varios secretarios regionales ministeriales, quienes elaborarían las listas de funcionarios que serían despedidos, desvinculaciones que comenzarían a concretarse desde fines de ese mismo mes de abril.
Según indicó una de las fuentes de este medio, quien solicitó mantener reserva de su identidad, en esa reunión “estaba la seremi de Desarrollo Social, estaba Transportes, si no me equivoco estaba Educación y alguien más que, hasta el día de hoy, no me puedo acordar”.
Y el relato es coincidente con un documento al que tuvo acceso Radio Paulina la semana pasada, y que es una fotografía de lo que se estaba definiendo en esa reunión, tomada el mismo día y mientras las autoridades habrían hecho una pausa para tomar café y fumar.
En la imagen se puede observar una lista de funcionarios públicos y, a un costado, una marca con un asterisco indicando los nombres de quienes debían ser desvinculados. El listado coincide exactamente con los trabajadores que finalmente salieron de ese servicio, con excepción de uno de ellos, que logró mantenerse.
- Tito Rodríguez Elgueta – Funcionario a contrata – Notificado el 23 de noviembre
- Patricio Iglesias Pizarro – Funcionario a contrata – Notificado el 27 de abril. Obligado a presentar carta de renuncia.
- Claudia Iturrizagasta Gallardo – Funcionaria a contrata – Notificada el 23 de noviembre
- Gladys Melero Rivera – Funcionaria a contrata – Notificada el 23 de noviembre
- Nina Miranda Álvarez – Funcionaria a contrata – Notificada el 26 de noviembre, por correo.
- Sergio Cortez Cortez – Funcionario a honorarios – Notificado el 27 de abril
- Esteban Ramírez Lizama – Funcionario a honorarios – No fue desvinculado
- Rocío Cruz Lathrop – Funcionaria a honorarios – Renunció por presiones laborales. Se trasladó a México
- Ailin Fernández Luna – Funcionaria a honorarios – Renunció el pasado viernes por incumplimiento de cambio de condición contractual
- Valentina Silva Hernández – Funcionaria a honorarios – Notificada el 23 de noviembre
- María Solange Baltra – Funcionaria a honorarios – Notificada el 23 de noviembre
Más abajo, escrito a mano, se pueden observar dos frases que siguen la línea de lo que reconocería meses más tarde, en agosto, la intendenta de Magallanes:
– Reducir en un 20% el N° de contratas
– Reducir en un 10% planilla sueldos
¿A qué correspondían esas dos frases? ¿Quien escribe estaba tomando nota de una instrucción? ¿Era una bajada de la máxima autoridad regional a los seremis presentes, de acuerdo a lo ordenado desde La Moneda?
PERITO DACTILOGRÁFICO
Tras recibir el registro gráfico de las listas que se elaboraron en aquella reunión del 10 de abril y para comprobar que no se trataba de una falsificación, Radio Paulina solicitó a un perito dactilográfico policial -quien pidió mantener reserva de su identidad- que realizara un análisis de las escrituras manuscritas que se observan, comparándolas con otros documentos manuscritos a los que tuvo acceso este medio.
Y el resultado es tajante sobre el registro peritado: las notas del documento corresponden a la letra manuscrita de la seremi de Desarrollo Social, Katherine Aliaga.
Según el perito, los documentos comparados tienen “notorias semejanzas en morfología general, evolución caligráfica, proporción entre las letras, nexos, espaciamientos y en el diseño configurativo de sus elementos integrantes estudiados separadamente, destacando especialmente los signos R, S, N, t, o, s, p y r, entre otros”.
Con esta fotografía, que fue tomada al interior del gabinete del intendente, a las 10 horas con 19 minutos del 10 de abril de 2018, se abren varias interrogantes, partiendo por dilucidar cuál fue la real evaluación que se hizo a los funcionarios despedidos en los servicios públicos de Tarapacá, cuando sus jefaturas superiores definieron sus destinos laborales recién a un mes de asumir el gobierno y cuando aún, tal vez, ni siquiera reconocían los rostros de quienes estaban incorporando a esas listas negras.
¿DESPIDOS POR MOTIVOS POLÍTICOS O POR FALTA DE COMPETENCIAS?
Consultado sobre el tema y teniendo a la vista la documentación a la que tuvo acceso Radio Paulina, el presidente de la ANEF Tarapacá, Patricio Llerena, recordó que, justamente, en el mes de abril la directiva que encabeza logró tener la primera reunión con el Intendente Quezada, reunión cuyo objetivo era resguardar la estabilidad laboral de los empleados públicos.
Por lo anterior, sostuvo que la existencia de listas, elaboradas por esos mismos días, “me parece malísimo, porque en realidad lo que primero se debe tener en cuenta es la evaluación de desempeño de los funcionarios públicos. Todos los funcionarios del Estado estamos sometidos a una evaluación, con criterios que, entendemos, están bien establecidos, para evitar arbitrariedades e injusticias en términos de despidos. Si se están generando listas yo lo encuentro malísimo, aberrante”.
“Sencillamente, esto hecha por la borda todos los criterios que ellos mismos han estado asentando, incluso en las mismas circulares que envían“, sentenció Llerena, agregando que “están entregando información para que las mismas autoridades, los seremis, los directores servicios sigan un lineamiento de renovación de contratos, pero, obviamente, insisto, estas listas medias negras o maquiavélicas que están generando, primero que todo, están fuera de toda norma legal y, lo segundo, obviamente hace ver que este gobierno está actuando de mala fe con los funcionarios públicos. Nosotros vamos a evaluar ahora las acciones a seguir para hacer las presentaciones que correspondan y buscar las responsabilidades en quienes elaboraron este tipo de documentos, que nosotros no vamos a permitir bajo ningún punto de vista”.
La semana pasada fueron desvinculados 11 funcionarios en la seremi de Educación y el viernes, desde la ANEF, se cifraba en 30 personas el total de despedidos en diversos servicios de Tarapacá, en las últimas dos semanas.
La cifra final de todos los trabajadores que fueron desvinculados a partir del 11 de marzo y otros tantos más que estarán recibiendo cartas en sus hogares, incluso este mismo lunes, aún no se conoce…
Astorga, baja de peso, hombre…
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Nota del Editor: Para la realización de este reportaje, desde Radio Paulina tomamos contacto la semana pasada con la seremi de Desarrollo Social, a través de Marcelo Santibáñez, pero no se obtuvo respuesta al llamado a entrevista.
