Cuatro pilares centrales tiene la nueva Ley de Integración Social y Urbana que el Presidente Sebastián Piñera y el Ministro del Minvu, Cristián Monckeberg, enviaron esta semana al Congreso para su tramitación.
La iniciativa propone el cambio de nombre de esta secretaría de Estado, a Ministerio de Ciudad y Vivienda, transformando en política pública permanente la construcción de urbes con sentido de integración social, tanto en el tema habitacional como en la infraestructura urbana.
El proyecto no sólo contempla la nueva denominación de esta cartera, sino que crea la nueva política pública “Programa de Arriendo Protegido”, además de mecanismos para una densificación urbana equilibrada y el aumento en la fiscalización y prohibiciones de enajenación de viviendas sociales entregadas con subsidios del Estado.
El seremi de la cartera de Vivienda en Tarapacá, Mauricio Hidalgo, destacó la incorporación del concepto de integración social más allá de la vivienda. “El cambio de nombre propuesto, a Ciudad y Vivienda, nos permite relevar nuestra tarea de planificación y construcción de mejor ciudad para las familias más vulnerables y también de sectores medios. De esta forma, identificaremos aquellos sectores con mejores condiciones de lugares de mejor ubicación, cercano a servicios y buena conectividad, para intensificar la densificación. También tendremos mayores atribuciones en los Planes Reguladores intercomunales para poder intervenir las Zonas de Integración Urbana”.
NUEVA POLÍTICA DE “ARRIENDO PROTEGIDO”
Frente al déficit habitacional cuantitativo que presenta el país, más de 393 mil viviendas según el último Censo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo estableció una nueva política que impulsa la construcción de viviendas para el “Arriendo Protegido”. Se trata de propiedades que serán construidas y administradas por entes privados para ser habitadas por beneficiarios de subsidios de arriendo.
Para llevarla a cabo, se facultará a los Servicios de Vivienda y Urbanización (Serviu) para concesionar, mediante licitación pública, el uso y goce de terrenos de su propiedad, bajo la condición de contemplar un porcentaje de viviendas destinadas a beneficiarios del subsidio de arriendo. Una vez finalizada la concesión, el terreno y las viviendas serán restituidos a Serviu, lo que permitirá capturar la plusvalía de tales terrenos y las viviendas construidas ahí.
Por último, y como parte de este proyecto de ley, se fortalecerá la fiscalización de viviendas obtenidas con subsidios, que están desocupadas o están siendo utilizadas para fines distintos a los acordados. En paralelo, en el proyecto se establecen excepciones al plazo de prohibición de venta de una vivienda que haya sido objeto de subsidio, que actualmente es de 5 años o más, dependiendo del subsidio recibido.
