Un total de 2.150 menores de edad se encuentran actualmente bajo medidas de protección dictadas por juzgados de Familia de la jurisdicción Iquique, en las distintas modalidades de intervención y bajo cobertura de una red de apoyo que incluye a instituciones públicas y privadas.
Así se establece en el informe de gestión del Centro de Observación y Control de Cumplimiento de Medidas de Protección (COCCMP) del Poder Judicial, correspondiente a 2018, que concentra los reportes trimestrales que permiten proporcionar datos actualizados para los tribunales.
De las 2.150 medidas de protección, 96 se encuentran en la modalidad de intervención residencial; 45 en el Programa de Familias de Acogida y 1.213 en programas ambulatorios.
El mayor número de registros se concentra en el Juzgado de Familia de Iquique, con 1.050 medidas de protección; seguido del Juzgado de Letras del Trabajo, Garantía y Familia de Alto Hospicio, con 732 medidas de protección y el Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte, con 346.
Asimismo, hay una lista de espera de 667 casos, cuyo proceso de terapia reparatoria se encuentra pendiente de inicio, es decir, no se ha producido el ingreso efectivo. De ellos, 522 corresponden a la red Sename y 145 a otros programas de la red sociocomunitaria.
La supervisora del Centro de Observación, Camila Godoy, detalló que esta unidad tiene a su cargo hacer un seguimiento efectivo de todas las medidas de protección que los juzgados de Familia y los juzgados mixtos con competencia en esta materia dictaminen en favor de los niños, niñas y adolescentes de la región.
“Una medida de protección es un procedimiento judicial circunscrito a los Juzgados de Familia u otro con competencia en dichos asuntos, cuya finalidad es interrumpir la vulneración de derecho de la cual es objeto un niño, niña o adolescente. La sentencia en esta materia busca restituir el derecho vulnerado, para lo cual el juez cuenta con oferta de programas especializados de protección de tipo ambulatorios o residenciales, los que implementan planes de intervención individual especifico a cada caso”, explicó.
“Por otra parte, es necesario realizar el seguimiento de la resolución judicial que fue adoptada, ya que de esta manera los juzgados toman conocimiento de que se estaría dando estricto cumplimiento a lo dictaminado en cuanto a las intervenciones necesarias para el niño, niña o adolescente, teniendo como objetivo principal velar por su bienestar superior así como también fortalecer las herramientas de cuidado y protección de su grupo familiar”, añadió.
El Centro de Observación y Control de Cumplimiento de Medidas de Protección es una unidad encargada de velar por el seguimiento oportuno y eficaz del cumplimiento de las medidas de protección decretadas por los juzgados con competencia en familia en favor de un niño, niña y/o adolescente y se constituyen en el principal apoyo para los juzgados que conocen de esta competencia. En Iquique, el Centro de Observación lo integran Camila Godoy y el funcionario administrativo José Ovando.
