La Contraloría General de la República determinó que el proyecto de construcción de la Plaza de Armas de Pozo Almonte no cumplió con la condición de accesibilidad universal que establece la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, por lo que dio un plazo de 60 días para acreditar la incorporación en todos los espacios públicos de la referida plaza.
El informe de la Contraloría explicaría las acciones de presión que ejerció el municipio Pozo Almonte para obtener del Consejo Regional 200 millones de pesos más para el proyecto de la plaza, iniciativa que originalmente había recibido 2.286 millones de pesos y que quedó corta de recursos a la hora de cumplir con la exigencia de la Contraloría sobre acceso universal.
El documento con el resultado de la investigación fue emitido por la Contraloría el 27 de diciembre y consta como recibido por el alcalde Richard Godoy el día viernes 4 de enero de 2019.
Junto con lo anterior, la Contraloría General de la República determinó que, en el marco de las obras de construcción de la nueva Plaza de Armas de Pozo Almonte, el municipio local retiró monumentos públicos sin contar con las autorizaciones respectivas, por lo que ordenó realizar un proceso disciplinario para determinar responsabilidades administrativas, solicitando, además, que el Consejo de Monumentos Nacionales, en conjunto con el Consejo de Defensa del Estado, que informen de las acciones legales que llevarán a cabo.
Los monumentos que retiró la empresa contratista son el busto de Bernardo O´Higgins y Arturo Prat, y la escultura del general Sofanor Parra.
Otras irregularidades
Se constató que las partidas E.05.02 “Escaño ATRIO 105 R”, por un monto total de $4.558.176; E.05.04 “Mesa de ajedrez ATRIO 1300”, por un monto total de $11.553.710; y E.05.11 “Bicicletero Atrio” por un monto total de $902.139, fueron visadas en un 100% de su ejecución por el ITO en el estado de pago N° 6, sin perjuicio de que estos mobiliarios no se encontraban instalados en obra, incumpliendo con ello lo establecido en el numeral noveno del Convenio mandato completo e irrevocable del Gobierno Regional de Tarapacá y la Municipalidad de Pozo Almonte, de fecha 2 de marzo de 2017, que menciona que la obra se pagará a través de estados de pago, de acuerdo al avance físico de la obra.
Debido a lo anterior, la Contraloría sostuvo que el municipio deberá, “en un plazo no mayor de 60 días hábiles contados desde el día siguiente a la recepción del presente informe”, acreditar los antecedentes necesarios que demuestran la colocación de estos mobiliarios.
Sin perjuicio de ello, dijo el organismo, “lo objetado deberá ser incluido en el procedimiento disciplinario que esa entidad deberá instruir, con el fin de establecer las responsabilidades administrativas, al pagar partidas que no se encontraban instaladas, constatándose que la mayoría estaba embalada y dispuesta alrededor de la plaza. Por lo anterior, en un plazo no superior a 15 días hábiles, deberá remitir copia del acto administrativo que lo instruya, a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General de la Republica”.
