El Juzgado del Letras del Trabajo de Iquique condenó al Intendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, a pedir excusas por escrito al periodista Nicolás Candel, a su esposa y a sus cuatro hijas, por las vulneraciones a las que fue sometido el profesional antes, durante y después de que fuera despedido del Gobierno Regional, hecho ocurrido el 14 de mayo del año 2018.
Junto con lo anterior, la jueza Marcela Díaz condenó al Gobierno Regional de Tarapacá al pago de poco más de 40 millones de pesos, debido a la vulneración de los derechos constitucionales de libertad de trabajo, de no discriminación arbitraria y por infracción al derecho a la vida e integridad física y psíquica, además de una indemnización por lucro cesante.
En su fallo, la magistrado decidió aplicar el tope de las indemnizaciones señaladas por el inciso 4° del artículo 489 del Código del Trabajo, debido a “la gravedad de los hechos denunciados”. Así, tras la decisión que tomó Miguel Ángel Quezada (UDI) en mayo de 2018, ahora el Gobierno Regional de Tarapacá deberá desembolsar recursos del Estado para pagar las vulneraciones cometidas en contra de los derechos constitucionales del profesional, por un monto total de $23.387.727, más intereses y reajustes.
En cuanto al lucro cesante, el Juzgado del Trabajo de Iquique condenó al Gobierno Regional de Tarapacá a pagar al periodista Nicolás Candel la suma de $15.946.188, también aplicando intereses y reajustes.
En cuanto a las medidas reparatorias, la jueza del tribunal laboral de Iquique ordenó “a la demandada, como medida de reparación que el Sr. Intendente don Miguel Ángel Quezada Torres, remita por escrito excusas por los hechos vulneratorios padecidos por el demandante, debiendo cursar carta al actor y a su familia (cónyuge e hijas)”.
Cabe recordar que, de acuerdo a palabras de la senadora UDI de la región de Tarapacá, Luz Ebensperger, Quezada es el candidato oficialista para disputar el cargo de gobernador regional, en las elecciones que se realizarán en octubre del próximo año.
Los Hechos
En abril de 2018 el Intendente Miguel Ángel Quezada decidió rebajarle el sueldo en cuatro grados al periodista, sin realizar el correspondiente acto administrativo con los fundamentos de esa baja de remuneraciones. La decisión -que en su momento la jefa de gabinete informó al periodista se debía a la necesidad de otorgar cupos a militantes de su conglomerado político-, se intentó camuflar de legal en una resolución emitida el 2 de mayo de 2018, en la que le informaron a Candel de un cambio de su lugar de trabajo, cambio que había ocurrido varias semanas antes.
A consecuencia de lo anterior, el periodista interpuso un reclamo de reposición ante Quezada -apelación a la que tienen derecho todos los funcionarios públicos ante sus jefaturas administrativas-, pero el intendente nunca entregaría una respuesta al funcionario.
Quien sí se pronunció fue la Contraloría General de la República, que declaró que la baja de las remuneraciones “no se ajustó a derecho”, tal como planteaba el periodista. Sin embargo, el dictamen del órgano contralor se emitiría el 9 de julio de 2018, dos meses después de la exoneración.
Dos resoluciones el mismo día
El mismo día 2 de mayo de 2018 en que se emite la resolución para intentar bajarle el sueldo al periodista, el Gobierno Regional emitió una segunda resolución, mediante la cual ponía término a la contrata de Candel. Tras ser notificado de esa segunda resolución, el día 3 de mayo, el jefe del área jurídica le informó al profesional se mantuviera trabajando en tanto se confeccionaba una nueva resolución, donde se oficializaría la rebaja de su sueldo.
Pero esto nunca ocurriría, pues el reclamo de reposición que había interpuesto el periodista generó tal molestia en el intendente Quezada, que decidió expulsar al profesional por no someterse a su decisión de bajarle el sueldo.
El 14 de mayo, Nicolás Candel fue notificado que era despedido del Gobierno Regional de Tarapacá, para lo cual la jefa de gabinete del Intendente Quezada -la abogado Lilian Plaza-, utilizó la misma resolución que se había emitido el 2 de mayo de 2018, y que junto con oficializar el término de contrata, paradójicamente, también informaba que era cambiado de lugar de trabajo y de funciones.
Ese mismo 14 de mayo el Gobierno Regional emitiría otra resolución donde rechazaba el recurso de reposición presentado por el periodista, quien ese mismo día era despedido sin ser notificado de ese recurso.
Por si fuera poco -de acuerdo a los documentos presentados en el juicio-, a fines de ese mismo mes y una vez ya expulsado del servicio público, el Intendente Miguel Ángel Quezada continuó su persecución hacia el profesional y ordenó aplicarle una investigación sumaria, por hechos ocurridos en una división donde el periodista no tenía ninguna función.
Funcionario de confianza
El tribunal laboral también echó por tierra el argumento de los abogados del Gobierno Regional respecto de que el periodista era un funcionario de confianza del gobierno anterior. Ello se fundamentó en que los periodistas realizan una tarea específica y que esa tarea no está definida en la ley como cargo de confianza.
Además, el mismo periodista Nicolás Candel había interpuesto un recurso de protección en 2017, sobre el cual la Corte de Apelaciones de Iquique falló que el profesional no era funcionario de confianza y que cumplía labores de periodista, sentencia que ratificó la Corte Suprema en enero de 2018. Pese a que los abogados del Gobierno Regional conocían ese fallo, insistieron en la tesis del profesional de confianza, lo cual fue descartado en el tribunal laboral.
Desde el Gobierno Regional señalaron que “no se comentan fallos judiciales, en especial aquellos que no están firmes ni ejecutoriados. A través del Departamento Jurídico se ejercerán las acciones y los recursos establecidos en la legislación laboral”. El organismo público tiene 10 días hábiles para apelar la sentencia del tribunal laboral.
El periodista Nicolás Candel, quien actualmente se desempeña como jefe de prensa en una radio de Iquique, declinó referirse al tema.
Así con el Roto Quezada…
