El Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique condenó a la Seremi de Desarrollo Social a pagar 9 millones 222 mil pesos a un trabajador expulsado de ese servicio el 27 de abril del año pasado, a poco más de un mes de asumir el gobierno de Sebastián Piñera.
De acuerdo al relato de los hechos que se dan a conocer en la sentencia de la causa (T90-2018), ese día la seremi Katherine Aliaga llamó al trabajador a su oficina, donde le habría señalado que “tú sabes que hubo cambio de gobierno y con eso comienzan las desvinculaciones de las personas que no son de la confianza política”, agregando la autoridad que “tú estás en la lista… así que tenemos dos formas de poner término a tu contrato: la carta de renuncia que la tenemos lista para que la firmes, o esperar la resolución que pone término a tu contrato, que solo la tengo que imprimir, ya que me la van a mandar”.
Ante esto, el funcionario Sergio Cortez Cortez manifestó su negativa a firmar la renuncia, momento en que la autoridad de Desarrollo Social le informó que se había terminado la relación laboral, desde ese minuto, sin contar con una resolución que diese cuenta de los fundamentos del término de la relación laboral.
El comienzo del fin…
Según se indica en la sentencia, el funcionario -que cumplía tareas de Asistente Técnico en los programas CALLE y ABRIENDO CAMINOS- estuvo de vacaciones en el período de instalación del gobierno y al momento de reintegrarse fue convocado, junto a todos sus compañeros de trabajo, a una reunión con Mauricio Salazar, quien oficiaba como nuevo auditor del organismo, además de la seremi Aliaga.
En esa reunión, Salazar señaló a los trabajadores que, “de acuerdo a lo observado, son todos unos sinvergüenzas”, esto en relación al tiempo que tomaban para almorzar.
Es ese momento el que marca el comienzo del fin para el funcionario Sergio Cortez, quien molesto con esos dichos espetó al nuevo auditor señalando que “la sinvergüenzura que usted señala no es algo que naciera precisamente de nosotros (..), sino que fue un acuerdo entre la antigua autoridad y los trabajadores”.
Después de esta reunión, donde por cierto no gustaron las palabras de Cortez, es que la seremi Aliaga lo llama a su despacho y procede a expulsarlo del servicio.
Así las cosas, dado que con la expulsión el trabajador a honorarios dejó de percibir sus ingresos por una determinación unilateral de la autoridad, el juez Francisco Vara Vera acogió parcialmente la demanda contra la Seremi de Desarrollo Social, otorgándole a Cortez una indemnización por concepto de lucro cesante, correspondiente a las remuneraciones que dejó de percibir desde el momento de su expulsión y hasta diciembre de 2018, es decir, $9.222.128.
El magistrado descartó el daño moral y la vulneración de derechos fundamentales constitucionales, pero logró acreditar la existencia de un vínculo laboral entre el demandante y la demandada, ya que la función que ejercía el trabajador correspondía a tareas propias del servicio, establecidas en la ley.
