En diciembre del año pasado auditores de radio Paulina llamaron al conductor Marcelo Santibáñez para relatar la forma en que algunos funcionarios de la planta de revisión técnica (PRT) de Bajo Molle, al sur de Iquique, recibían dinero a cambio de la entrega de la documentación que acreditaba el perfecto estado de los vehículos, pese a que estos presentaran fallas.
En la ocasión, los auditores entregaron datos del contacto al interior de la planta, uno de los cuales fue identificado como “El Rucio”, la forma de entregar el dinero y dónde se realizaba la transacción: en el kiosco rojo, dijeron los auditores.
Las denuncias telefónicas quedaron en eso, hasta el mes de enero. A mediados del primer mes de 2019, el conductor del programa La Mañana de Paulina envió su automóvil a la misma PRT, vehículo que hacía poco había recibido una completa afinación en el taller de otro integrante del medio de comunicación: el ingeniero mecánico Jaime Monzón.
Sin embargo, para sorpresa del conductor, el vehículo fue rechazado por gases.
Al día siguiente, Santibáñez relata en su programa lo sucedido y expresó su molestia ante la pérdida de tiempo que significaban los rechazos a autos que estaban en buenas condiciones. Además, se preguntó también cómo lo hacían los autos que circulaban por las calles de Iquique, muchos de los cuales se encuentran en evidentes pésimas condiciones. “Hay algunos que parecen chatarra y ahí están… circulando como si nada, lo que es un peligro para las vidas de otras personas”.
De inmediato los llamados se sucedieron. Algunos auditores criticaron la entrega de revisiones técnicas a vehículos en evidente mal estado, mientras que otros denunciaron tener sus vehículos en excelentes condiciones, pero que igualmente eran rechazados. Un auditor, incluso, relató que luego de ser rechazado se dio la “vuelta a la cuadra”, volvió a ingresar su vehículo a la planta y que este había sido aprobado en la misma PRT que 15 minutos antes lo había rechazado.
Y, tal como había ocurrido en el mes de diciembre, auditores también llamaron para relatar cómo se “pasaban” los autos pagando a algunos funcionarios de la planta de revisión técnica, detallando que la transacción se realizaba llamando a un número telefónico (que entregaron) y que el dinero que cobraban se dejaba bajo la goma de los pies del conductor.
A modo de prueba, el conductor Marcelo Santibáñez tomó nota del número de celular que dieron los auditores y llamó. Desde el otro lado de la línea, un sujeto que dijo llamarse Miguel le dio las instrucciones para realizar la operación, la cual coincidía con el relato de los auditores: debía dejar 22 mil pesos debajo de la goma del piso del conductor, avisando por teléfono cuando llegara a la Planta de Revisión Técnica de Bajo Molle.
⚠️CORRUPCIÓN | En enero dimos a conocer la 1a denuncia. Este viernes llamamos a uno de los funcionarios de la PRT de Bajo Molle que cobran $22 mil por “pasar” vehículos con desperfectos.
El seremi del @MTTTarapaca no contestó nuestros llamados.?♂️@GloriaHutt @Fisca_MTT #Iquique pic.twitter.com/FZKHpw6PJn
— RADIO PAULINA (@radiopaulina) 22 de febrero de 2019
La Denuncia
Era el viernes 22 de enero. Inmediatamente, dada la gravedad de lo confirmado en el llamado, Santibáñez tomó el audio de la conversación y, vía Whatsapp se lo envió al seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Carlos Navarrete, a quien pidió tener un contacto telefónico. Pero Navarrete nunca contestaría. Ni el mensaje por la plataforma digital ni los tres llamados que se hicieron ese viernes a su celular.
Paralelamente, ese mismo día y el lunes 25 de febrero, el equipo de prensa de Radio Paulina enviaba a la subsecretaría de Transportes dos solicitudes de información por Ley de Transparencia, en las cuales se consultaba por las acciones emprendidas por la seremi de Transportes de Tarapacá en las plantas de revisión técnica, referidas a fiscalizaciones o denuncias sobre infracciones ocurridas en su interior.
Junto con lo anterior, se consultó específicamente si el seremi de Transportes había realizado alguna acción ante las policías o la Fiscalía de Tarapacá, referida a la denuncia dada a conocer al aire en el programa que conduce Marcelo Santibáñez.
La ley
Según el artículo 192, letra g) de la Ley de Tránsito (18.290), se castiga con presidio menor, en su grado medio a máximo, además de la suspensión de hasta por cinco años de la licencia de conducir, a quien otorgue un certificado de revisión técnica sin haber practicado realmente la revisión técnica, a quien falsifique la documentación o a quien adultere o utilice un certificado de revisión técnica “a sabiendas falsificado o adulterado”.
Junto con lo anterior, el mismo artículo señala que esas penas también se aplicarán a quien circule con un vehículo con permiso de circulación, seguro o certificado de revisión técnica falso, adulterado u obtenido en contravención a la ley.
Y dada la situación descrita por los auditores de radio Paulina, la evidencia de lo que ocurría en la planta de revisión técnica de Bajo Molle y el llamado al “contacto” al interior de la PRT, varios de estos ilícitos se estaban cometiendo sin que la fiscalización a las plantas o una investigación así lo determinara.
En definitiva, nadie hacía nada o alguien hacía vista gorda ante un ilícito conocido por buena parte de los conductores, taxistas y camioneros que obtenían el certificado de revisión técnica en ese lugar.
La Denuncia Penal
La semana pasada, dada la falta de acción ante un ilícito evidente, el conductor de La Mañana de Radio Paulina tomó la decisión de poner los antecedentes ante los ojos de la Fiscalía de Iquique. El viernes 5 de abril, Marcelo Santibáñez interpuso una denuncia penal por el delito de falsificación de certificados de revisión técnica dirigida en contra de todos quienes resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores.
Junto con lo anterior, la denuncia también busca otra responsabilidad: la del seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Carlos Navarrete. Según señala el escrito, Marcelo Santibáñez también solicitó a la Fiscalía que se investigue el delito de omisión de denuncia penal de un funcionario público, debido a que la autoridad sectorial no realizó ninguna acción dentro de las 24 horas posteriores a que tomara conocimiento de los hechos, tal como indica la ley.
“(…) Una semana después de ocurridos estos hechos, le manifesté al señor Navarrete, a través de un contacto telefónico, en una entrevista en el mismo programa, que su deber, al tomar conocimiento en ejercicio de su cargo de la comisión de eventuales delitos de corrupción o contra la probidad pública en la planta de revisión técnica de Bajo Molle –que es autorizada y fiscalizada por el Ministerio de Transportes-, era realizar la denuncia obligatoria ante el Ministerio Publico dentro de 24 horas, como lo establecen los artículos 175 y siguientes del código procesal penal, no obstante, el señor Navarrete, en su calidad funcionario público, simplemente no me respondió”, dice la denuncia ingresada la semana pasada al Ministerio Público.
La Carta a la Fiscalía Regional
Pero lo cierto es que Navarrete sí había hecho algo. Pese a que la ley habla de un plazo de 24 horas para realizar una denuncia de la cual toma conocimiento un funcionario público, el seremi de Transportes tardó 24 días en escribir una carta al Fiscal Regional, Raúl Arancibia.
En el documento, Carlos Navarrete señala al jefe regional del Ministerio Público que recibió un audio de Marcelo Santibáñez y que en el archivo se puede escuchar “al señor Santibáñez tratando de coordinar con un tercero la posibilidad de pasar la revisión técnica, no se indica en que Planta Revisora de la región, con el objeto de obtener el certificado de aprobado previo pago adicional al que dichas plantas tienen derecho a cobrar”.
La autoridad de Transportes no mencionó en su carta que el archivo de audio se trataba de un llamado ficticio, realizado al aire a un supuesto trabajador de la planta, situación escuchada por centenares de auditores, ni que la acción configuraba un ilícito que podía estar ocurriendo en la PRT de Bajo Molle, información también de conocimiento público.
Carlos Navarrete remata su Oficio Ordinario 000224 preguntando al Fiscal Regional “si dichos antecedentes son suficientes para poder iniciar una investigación al respecto”, endosando, de esta forma, la acción al persecutor Arancibia, y dejando entrever el desconocimiento que tiene el Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Tarapacá sobre las figuras penales que se encuentran establecidas en la Ley de Tránsito.
…
Ante la denuncia presentada el pasado viernes, la Fiscalía ya fijó las primeras declaraciones para el próximo lunes 15 de abril.
Nota del Editor: El pasado jueves 4 de abril se solicitó al seremi de Transportes una entrevista para tocar este tema en el programa La Mañana de Radio Paulina, pero la autoridad señaló que tenía una agenda muy ocupada, por encontrarse subrogando como Gobernador del Tamarugal, y que vería si tenía espacio más adelante.
