Este martes el presidente de la Asociación de Panaderos de Iquique, Jorge Peña Vargas, ingresó una nueva querella que se suma a la causa formalizada que investiga el Ministerio Público en contra del concejal Felipe Arenas y el consejero regional Javier Yaryes -además de otras personas-, acusados por la Fiscalía de Iquique como autores de los delitos de falsificación de instrumento público y contrato simulado.
El libelo interpuesto por Peña Vargas y la asociación apunta a los hechos ocurridos en octubre del año 2013, cuando la propiedad ubicada en calle Serrano 987 fue enajenada en forma fraudulenta por los acusados, sin conocimiento de los verdaderos dueños del inmueble, es decir, la Asociación de Panaderos de Iquique.
Según relata la querella, en esa fecha “el imputado formalizado JAVIER YARYES SILVA, concurrió a la Notaria María Antonieta Niño Zepeda, ubicada en Aníbal Pinto N°555, de la ciudad de Iquique, contactándose con el funcionario GUILLERMO VARGAS CELEDON, con el fin de coordinar el envío de la minuta del contrato de compraventa del inmueble ubicado en calle Serrano 987, de la ciudad de Iquique”.
“Acto seguido -dice la querella-, la minuta de compraventa del inmueble fue enviada vía correo electrónico, al funcionario antes indicado, por otro de los imputados formalizados, NICOLAS MUÑOZ LIZAMA, previa coordinación con el imputado JAVIER YARYES SILVA”.
Una vez coordinado con la notaría el texto que se utilizaría para formalizar la compraventa del terreno, aparecen en escena dos ciudadanos bolivianos, quienes figuran en el documento como propietario y compradora del inmueble de la Asociación de Panaderos.
Se trataba de Horacio González Gutiérrez y Dilma López Campos, esta última quien trabajaba como asesora del hogar del concejal Felipe Arenas, en el mismo edificio del sector la península donde antes había trabajado como administradora.
“Es así que el día 24 de octubre de 2013, HORACIO GONZALEZ GUTIERREZ y DILMA LOPEZ CAMPOS, suscriben, ante la Notaria María Antonieta Niño Zepeda, un contrato de compraventa, según consta en Repertorio 4.330 respecto al inmueble ubicado en calle Serrano 987, de la ciudad de Iquique, donde HORACIO GONZALEZ GUTIERREZ aparece como vendedor y DILMA LOPEZ CAMPOS como compradora, contrato cuyo contenido resultó ser falso, ya que, HORACIO GONZALEZ GUTIERREZ, no era dueño, ni poseedor del inmueble, y a su vez DILMA LOPEZ CAMPOS nunca tuvo la intención, ni el dinero para adquirir la propiedad antes indicada. Una vez firmado estos documentos, DILMA LOPEZ CAMPOS recibió del propio imputado JAVIER YARYES SILVA, la suma de $250.000.-“, señala el texto de la querella.
Más adelante, el 21 de febrero de 2014, Nicolás Muñoz Lizama solicitó la inscripción de la propiedad en el Conservador de Bienes Raíces de Iquique, a nombre de Dilma López Campos. Cinco meses más tarde, a través de una corredora de propiedades, darían aviso al arrendatario del inmueble que, por instrucciones de los nuevos dueños, debía hacer abandono de la propiedad.
Ese hecho es el que encendió las alarmas al interior de la Asociación de Panaderos de Iquique, tras recibir un mensaje de la persona que arrendó su propiedad por 14 años. Al revisar la inscripción de su propiedad, se enteraron que la asesora del hogar boliviana, Dilma López Campos, había adquirido el inmueble de Serrano 987 por 25 millones de pesos, de parte de un tercero que no tenía ninguna relación con la Asociación de Panaderos.
Avances de la Investigación
Para este miércoles está programada una audiencia en el Juzgado de Garantía de Iquique, donde la Fiscalía y la defensa de los formalizados discutirán la procedencia de realizar la declaración adelantada de la ciudadana boliviana Dilma López Campos, quien viajará a Iquique desde el país altiplánico a fines de este mes.
Cabe recordar que la Fiscalía solicitó al tribunal realizar su declaración judicial el próximo 25 de abril, a las 8:30 horas.
De acuerdo a la ley, las declaraciones anticipadas se solicitan por razones muy específicas, relacionadas con situaciones de salud o de seguridad del testigo, las que se deberían darse a conocer hoy en el tribunal, por parte de la Fiscalía.
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Nota del Editor: Este caso es de alta connotación pública y los formalizados son inocentes en tanto no se dictamine lo contrario por los tribunales.
