La ministra de Energía, Susana Jiménez, anunció este miércoles que el gobierno realizará una modificación a la norma técnica de distribuición mediante la cual el cambio de medidores a los dispositivos inteligentes será voluntario para los clientes residenciales y se extenderá el plazo para realizar dicho recambio de 7 a 9 años.
Asimismo Jiménez indicó que la responsabilidad del cambio se mantendrá en las empresas, sin perjuicio de que la aceptación por parte de los clientes será voluntaria.
El recambio se iniciará con los medidores que son propiedad de la empresa, lo que permitirá a los hogares descontar de inmediato ese cobro. Adicionalmente, las compañías deberán priorizar los hogares que tengan sistema de generación-distribuida, nuevos proyectos inmobiliarios, así como aquellos que soliciten el recambio de forma voluntaria, o tengan los equipos con fallas.
La secretaria de Estado añadió que el gobierno ingresará hoy un proyecto de ley corta en el cual se revisará a la baja la rentabilidad asegurada de las distribuidoras, que actualmente se ubica en 10%, de manera de asimilarlas a otros sectores regulados, en los cuales se calcula la tasa adecuada para el sector y se establece un piso de 6%, medida que tendrá impacto directo en el próximo proceso tarifario.
“Con ello queremos dar garantías de que la energía sea accesible al precio más económico posible, a las más baja tarifa, y con la mayor calidad, compatibilizando lo que es una mejora tecnológica que vaya en pro de un mejor servicio de suministro eléctrico”, dijo la ministra.
Jiménez aclaró que en el caso de los clientes que quieran voluntariamente cambiar sus medidores ya existe el compromiso de Enel, Saesa y Chilquinta de entregar una compensación de $10 mil por los aparatos antiguos, y afirmó que el gobierno sigue trabajando en otros incentivos para motivar el cambio.
La ley 21.076 que modificó la normativa de servicios eléctricos y cambió la propiedad de los medidores desde los clientes a las distribuidoras surgió de una moción de un grupo transversal de parlamentarios que buscaba obligar a las empresas a reponer los medidores y empalmes tras los daños generados por el terremoto que afectó a la zona norte del país en 2015. La iniciativa tuvo sus principales definiciones en su tramitación en el Senado a fines de 2017 y fue aprobada en enero de 2018.
