El envío de un proyecto de ley al Congreso Nacional que establezca sanciones más graves, como la eliminación definitiva del Registro Nacional de Constructores de Viviendas Sociales en Modalidad Privada, a las empresas que incumplan reiteradamente los reglamentos y normativas técnicas de construcción es el objetivo de la solicitud al Presidente de la República realizada por la Cámara de Diputados.
A través de la resolución 398, aprobada en forma unánime por la Sala, se plantea también sancionar de manera más drástica a aquellas empresas que modifiquen maliciosamente su nombre, razón social o estructura empresarial, afectando con ello la legítima aspiración de las personas a una vivienda digna.
La idea, se acota en el documento, es que el referido proyecto de ley entregue una respuesta óptima y efectiva al problema habitacional que se arrastra por años en Chile.
Asimismo, se recuerda que una vivienda digna ha sido una preocupación constante por parte de todos los gobiernos a lo largo de nuestra historia y destacan en este contexto las iniciativas que buscan consagrar a nivel constitucional el derecho a una vivienda digna.
Sin embargo, se observa que la ocurrencia de irregularidades en la construcción de algunas viviendas que han afectado a los usuarios y respecto de las cuales no se hacen cargo las empresas, por lo cual se considera necesario reforzar el marco sancionatorio que rige a los contratistas de viviendas sociales, cuando no cumplan con las normativas vigentes.
Cabe señalar que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo cuenta actualmente con un Registro Nacional de Constructores de Viviendas Sociales, Modalidad Privada. Tal registro da cuenta de la cantidad de empresas constructoras con las cuales el Estado contrata para la edificación de este tipo de viviendas.
La resolución fue promovida por las/os diputadas/os PS Marcelo Díaz; DC Matías Walker y Gabriel Silber; FRVS Alejandra Sepúlveda; IND Gonzalo Winter; RD Catalina Pérez; RN Gonzalo Fuenzalida; y PPD Ricardo Celis.
