Por los delitos de manejo bajo la influencia del alcohol con resultado de muerte y huir del lugar del accidente sin auxiliar a la víctima, fue formalizado el imputado Francisco León Cofré, quien la madrugada del sábado pasado atropelló a Juan Pedro Luz Aguilera, en el sector de Playa Brava.
En la audiencia de formalización, el fiscal Guillermo Arriaza explicó que el 12 de octubre, a las 4:00 horas, el imputado conducía una camioneta Suzuki por avenida Arturo Prat, cuando al llegar al cruce de calle Genaro Gallo, impactó a la víctima que cruzaba por el paso peatonal, huyendo del lugar sin prestar auxilio al afectado, quien quedó tendido en el piso y segundos después es nuevamente atropellado por un segundo vehículo. La víctima falleció en el lugar producto de un politraumatismo esquelético visceral complicado.
El fiscal dio cuenta de las diligencias investigativas realizadas por la fiscal de turno junto al OS 9 y la SIAT de Carabineros para lograr la identificación del imputado, quien fue detenido pasadas las 8:00, luego que se ubicara la camioneta Suzuki estacionada en el condominio del propietario del móvil, un amigo del imputado, quien señaló que se la había prestado la noche anterior. Este testigo agregó que en la madrugada, Francisco León le escribió un mensaje wasap señalándole que había atropellado a un persona y que había huido, que el parabrisas estaba quebrado y que lo ayudara a quitar unos sticker del vehículo para que no lo pillaran.
Además, se mostró el video de las cámaras de seguridad donde están registrados los hechos y queda claro, a juicio de la Fiscalía, que el imputado atropelló a la víctima en el paso de cebra y que si no hubiera huido, no habría ocurrido el segundo atropello. Además, la Fiscalía dio cuenta que al momento de la detención del imputado, cuatro horas después del accidente, el intoxilyzer que se le efectuó dio como resultado 0,20 gramos de alcohol en la sangre.
Dada la gravedad de los hechos, el fiscal Guillermo Arriaza solicitó la prisión preventiva del imputado por ser su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad, petición que fue acogida por la magistrada Verónica Opazo. Se fijó un plazo de investigación de 60 días.
