En sesión especialmente convocada para este efecto, la Sala de la Cámara de Diputados analizó, aprobó y despachó al Senado, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que faculta al Presidente de la República para dejar sin efecto el alza de tarifas en el transporte público de pasajeros (boletín 13010).
La propuesta, ratificada en general y en particular por 103 votos a favor, uno en contra y una abstención, fue ingresada a trámite esta misma tarde por el ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, quien estuvo presente también en la sesión de Sala iniciada cerca de las 17:00 y culminada con la votación y despacho de la iniciativa, alrededor de las 20:15 hrs.
En la Sala, los discursos fueron diversos. El oficialismo puso de relieve la crisis social que se vive hoy en el país y llamó al diálogo y a aprobar la iniciativa. Los representantes de la DC, PPD, PS, FRVS y PR estuvieron en general por aprobar la propuesta, pero como punto de partida en un plan que considere otras demandas sociales, particularmente en materia de pensiones.
El Frente Amplio y el PC dijeron condenar la violencia, pero en tanto se avance a un pacto social abierto. Asimismo, puso como condicionante para apoyar cualquier propuesta del Gobierno sacar a los militares de las calles y no reprimir al pueblo en las calles. Sin embargo, a la hora de la votación la postura de los primeros varió y fue así que la mayoría de los integrantes del Frente Amplio presentes dieron su voto afirmativo a la iniciativa. El PC, en tanto, prefirió abandonar la Sala y no votar, con la excepción de Marisela Santibáñez que optó por la abstención.
El proyecto, aprobado en los mismos términos que lo propuesto por el Ejecutivo, otorga al Presidente de la República la facultad de dejar sin efecto un alza de tarifas determinada por el Panel de Expertos, mediante un decreto supremo fundado expendido por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que también es firmado por Hacienda.
En dicho decreto se deberán consignar los recursos que permitan mantener el equilibrio financiero del sistema o compensar el valor real de la tarifa.
El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley (3.500 millones de pesos para el año 2019, según el informe financiero) se financiará con los recursos de la partida presupuestaria del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. En lo que falte, del Tesoro Público.
Trámite y consideraciones del Ejecutivo
Previo a su análisis en Sala, la iniciativa fue abordada por la Comisión de Hacienda, en donde se pudo aclarar el alcance de la norma y efecto en regiones y cuyo informe fue rendido ante la Sala por el diputado, Leopoldo Pérez (RN).
Dentro de los hitos de dicho debate, se especificó que la misma cantidad de recursos que se destinen al transporte público metropolitano serán aplicables a través de los fondos espejo establecidos en la Ley 20.378, en beneficio del resto de las regiones del país, materia que será visualizada a través de la Ley de Presupuestos de la Nación.
El texto del mensaje explica que la Ley 20.378 define los ajustes de tarifa del sistema de transporte público de pasajeros de la Provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto, conforme a lo decretado por el Panel de Expertos. Asimismo, señala una restricción que impide a dicho Panel determinar una reducción en el nivel general de tarifas, mientras se encuentre vigente el subsidio.
En dicho documento, el Gobierno reconoce que la última alza de tarifas decretada por el Panel de Expertos, a partir del 6 de octubre, gatillada por el incremento de costos del sistema, “reveló la necesidad de que el Ejecutivo cuente con herramientas legales que le permitan ponderar antecedentes de orden económico y social al momento de aplicar un alza de tarifas y, de manera excepcional y fundada, poder dejar sin efecto o limitar un alza”.
