Por 3 votos en contra y 2 a favor, la mayoría de la instancia parlamentaria manifestó su desacuerdo con el texto legal, haciendo presente que “no existe universalidad real, se mantiene un sesgo en la perspectiva de género, se vuelve al lucro en la educación temprana”, entre otros argumentos expuestos.
Con los votos en contra de los senadores Jaime Quintana, Yasna Provoste y Juan Ignacio Latorre y el respaldo de los senadores Ena Von Baer y José García Ruminot, la Comisión de Educación y Cultura rechazó el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea el beneficio social de educación en el nivel de sala cuna, financiado por un fondo solidario.
Cabe recordar que el texto legal ahora deberá ser analizado por la Comisión de Hacienda, para las normas de su competencia; tal como ya lo hiciera la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Durante la sesión, los senadores García Ruminot y Von Baer manifestaron que el mensaje “constituye un gran avance en materia de abrir más derechos para las madres trabajadoras, terminando con una discriminación de la que hemos hablado por años aquí en el Congreso”, aludiendo a que en la actualidad solo tienen el beneficio las madres que trabajan en empresas de 20 o más mujeres contratadas.
Sin embargo, los senadores Quintana, Provoste y Latorre dejaron constancia que la norma “pasaría a llevar ciertos derechos que las mujeres ya tienen y deja a los niños más pobres de Chile excluidos, porque sus madres no tendrán el contrato laboral con los requisitos propuestos”.
Al respecto, reiteraron que las mujeres sin contrato, las madres estudiantes y aquellas que trabajan menos de 15 horas a la semana, no serían parte de la universalidad.
En la misma línea -junto con recordar que insistieron para que el texto legal sea revisado también por la Comisión de Educación, presidida por el senador Latorre- tal como está el proyecto, “se vuelve al lucro en la educación a través del copago, en donde actores privados se beneficiarán con fondos públicos”, aludiendo a que se hace en una etapa tan sensible como los 0 a 2 años.
La senadora Provoste agregó que, además, este proyecto carece de una real perspectiva de género y el senador Latorre llamó a avanzar en políticas “universalistas”, apuntando a la integridad.
En la oportunidad, la Ministra de la Mujer, Isabel Plá, enfatizó que la iniciativa levanta una de las principales barreras de la entrada de la mujer al empleo remunerado. “Hoy más de 140 mil trabajadoras tienen hijos menores de 2 años y poco menos de 60 mil tienen acceso a sala cuna, el resto está excluida”, detalló.
La Secretaria de Estado enfatizó que el proyecto es efectivamente universal en una perspectiva laboral; se financia a través de un fondo solidario; se asegura un aporte estatal todos los años; el IPS será el administrador; se prohíbe el copago de la trabajadora; y garantiza el derecho a la Sala Cuna del sector público.
Sin embargo, desde el Colectivo Cotonas Verdes llamaron a rechazar y acusaron sesgo en la perspectiva de género; además de hacer un llamado para tener en cuenta el interés superior del niño, incluyendo su desarrollo. “Aprobar vulnera los derechos de la educación. Los educadores están exigiendo su rechazo en las calles”, sentenciaron.
Asimismo, la presidenta del Sindicato de Asesoras del Hogar indicó que la gran preocupación son las trabajadoras de regiones, algunas de ellas sin contrato, lo que haría que no accedan al beneficio. En este contexto, convocó a mayor fiscalización a los empleadores.
Por su parte, el Sindicato STI de trabajadores de Fundación Integra hicieron notar que la universalidad no está presente en el proyecto de ley, dejando fuera a 81 mil niños en situación de pobreza y millones de personas que trabajan en la informalidad.
Postura favorable hizo presente la organización sin fines de lucro, Con Impacto, quienes además recordaron que desde la Comisión de Trabajo se pudo mejorar el texto que beneficiaría, por ejemplo, “a 321.500 mujeres que no trabajan, exclusivamente por no tener con quien dejar a sus hijos (…) y existen 28.700 que hoy están fuera del beneficio, pero que podrían pasar a estarlo, con el proyecto”.
En otra vereda la Confederación VTF Chile dejó constancia de una excesiva privatización de las diferentes esferas y “no podemos seguir en esta senda de desigualdad e inequidad”, reprocharon. Además, enunciaron que la educación es un derecho y no un beneficio, “pero el proyecto habla del niñ@ como un objeto de derecho mercantil”, lamentaron.
Postura similar se argumentó desde AJUNJI, pues insistieron en que no se asegura el ingreso de la mujer al mundo laboral, ni las condiciones en que lo harían; se-condiciona la corresponsabilidad del cuidado de los hombres; y si bien se modifica el (artículo) 203, se sigue discriminando a las mujeres trabajadoras, sin garantizar sala cuna a todas las madres.
Luego de que la Comisión emita el respectivo informe, el mensaje continuará su trámite legislativo.
