Amnistía Internacional dio a conocer esta mañana, los resultados de la investigación tras la documentación de casos de violaciones a los derechos humanos en Chile, durante la crisis social iniciada el 18 de octubre.
La entrega del informe incluyó observaciones sobre el uso letal de la fuerza por parte de agentes del Estado, torturas y malos tratos, lesiones graves, armas potencialmente letales, y limitaciones al trabajo de defensores de derechos humanos, además de hacer una serie de recomendaciones.
Uso letal de la fuerza
Las conclusiones indican que se pudo documentar la muerte de cinco personas en manos de agentes del Estado durante el estado de emergencia: cuatro de ellas causada por el Ejército y uno por Carabineros.
A través de imágenes, se concluyó que militares hicieron uso de “armamento letal de manera indiscriminada contra manifestantes desarmados en el menos cuatro eventos”. Asimismo, indicaron que “también se ha identificado a personal de la Policía de Investigaciones y de Carabineros disparando munición viva. Este tipo de armamentos está prohibido para la dispersión de protestas bajo los estándares internacionales”.
Tortura y malos tratos
En cuanto al delito de torturas, sostienen que “una de las formas más frecuentes de lesionar a las personas manifestantes ha sido a través de malos tratos y, en menor medida, la tortura. Un crimen de derecho internacional. Además de un caso de muerte por maltrato policial (…). “Amnistía Internacional ha documentado por ahora tres casos de tortura, incluyendo tortura sexual”.
El organismo expuso el caso de una persona que fue agredida por 12 carabineros, causándole la pérdida de la visión de un ojo, fractura nasal, luxación de un hombro y el quiebre de tres costillas, lo que le causó una lesión en un pulmón.
Tras la revisión de más de 30 piezas audiovisuales, Aministía Internacional recalcó que estas “demuestran que carabineros y militares se han ensañado contra civiles de forma injustificada y sin razón aparente. Esta violencia se cometió de igual manera contra personas detenidas y sometidas; para dispersar protestas pacíficas; así como en contra de niños, niñas y adolescentes en situación de indefensión ”.
Lesiones graves y armas potencialmente letales
“Amnistía Internacional ha registrado el uso constante e inadecuado de escopetas en contexto de protestas”, expresaron sobre el uso de perdigones por parte de Carabineros a pesar que deben ser utilizados solo cuando corre peligro la vida o integridad de una persona.
“Este análisis demuestra que Carabineros (y en menor medida el Ejército), ha usado escopetas tipo Benelli M3 Y Escorts Aimguard, con munición potencialmente letal de forma injustificada, generalizada, indiscriminada y en muchos casos, apuntando a la cabeza”.
En ronda de preguntas, restaron cierta importancia a la composición de los perdigones utilizados por Carabineros, pues, al ser apuntados hacia zonas como torso o rostro, como ha sido la constante, el resultado siempre será riesgoso.
También destacaron el caso de Temuco, donde se utilizaron granadas de humo “que pueden ser extremadamente tóxicas y están diseñadas para su uso en conflictos armados y, por ende, son inadecuadas para el control de manifestaciones”.
Limitación del trabajo de personas defensoras de derechos humanos
“En varias ocasiones las autoridades han obstaculizado la labor de abogados, defensores de derechos humanos y personal médico impidiendo su acceso a comisarías o centros hospitalarios”, explicaron.
Conclusiones
El informe además incluye una serie de conclusiones, tales como que “las autoridades deben cesar la represión de manera urgente, dando órdenes precisas a las fuerzas de seguridad para que ejerzan la máxima restricción en el uso de la fuerza que solo debe ser aplicada de manera progresiva, proporcional y diferenciada”.
Además, sugieren que “los órganos de justicia deben investigar la responsabilidad del mando en las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos en el contexto de esta crisis en manos del Ejército y la policía”.
Finalmente, expusieron que “las autoridades deben asegurar que las legítimas demandas de la población son atendidas” y que además deben “emprender una reforma seria y profunda de la policía”.
