De forma unánime, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que repone la obligatoriedad del voto en las elecciones populares (Boletines 13.028 y 13.029), con el objeto de aumentar la participación ciudadana en estos procesos.
Tras realizarse una serie de sesiones, en las que se recibió a distintos organismos y expertos, el grupo legislativo se inclinó por esta opción, solicitando, además, una serie de medidas adicionales por parte del ejecutivo.
Así lo planteó la presidenta de la instancia, diputada Joanna Pérez (DC), quien dijo que el Gobierno debe impulsar otras normas que estimulen la democracia y el interés de la gente por concurrir a las urnas y ejercer su derecho a sufragio.
“Creemos que es muy importante acompañar esta iniciativa con otros proyectos, con otras medidas, por ejemplo darle urgencia al proyecto que está en el Senado y que reduce la distancia entre los locales de votación y los domicilios de los ciudadanos; implementar la ley aprobada el 2015 para fortalecer e implementar la educación cívica no solo en la educación básica y media sino que también preescolar, porque aquí el ministerio del interior tiene que aclarar cuando la implementa porque estamos perdiendo espacios preciosos”, precisó.
En esa línea, la diputada Marcela Hernando (PR) señaló que, “en el marco del proceso constituyente que atraviesa el país, se requiere de la mayor participación ciudadana posible. Si bien entendemos que el voto obligatorio no va a solucionar todos los problemas de participación, es un paso muy importante en ese sentido”.
En tanto, el diputado Andrés Longton (RN) indicó que “sin participación electoral no hay legitimidad de las autoridades, por lo que el voto obligatorio va a ayudar en una medida importante a aquello”.
Cabe agregar que la iniciativa en trámite precisa, además, que la obligatoriedad del sufragio no será aplicable para las personas mayores de 80 años, quienes, en razón de su edad, pueden tener dificultades en su desplazamiento.
La Comisión de Gobierno Interior se abocará ahora al estudio en particular de la normativa, vale decir de su articulado e indicaciones ingresadas.
