Este miércoles, vence el plazo para que el presidente Sebastián Piñera responda a la acusación constitucional en su contra, donde se le apunta por las numerosas violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante el estallido social.
En concreto, en el libelo los parlamentarios cuestionan el rol del mandatario durante el Estado de Excepción en Chile y el uso desmedido de la fuerza por parte de funcionarios del orden público, como Carabineros y militares.
Según consigna La Tercera, el abogado, Juan Domingo Acosta, ingresará la respuesta del mandatario ante la comisión revisora de la Cámara de Diputados, en la que argumentará que el libelo no cumple con los requisitos legales.
La defensa de Piñera apelaría a que se le imputan hechos realizados por terceros, con el fin de frenar la acusación en la cuestión previa, para lo han estado elaborando un plan enfocado en tres ejes principales: político, jurídico y legislativo.
El aspecto político, apunta a la línea discursiva del Gobierno y de los parlamentarios oficialistas ante la acusación; en el jurídico, a la defensa desde el punto de vista legal; y en el legislativo, a distintas “tratativas” con la oposición para evitar que el libelo tome fuerza.
El presidente necesita mayoría simple en la Sala de la Cámara de Diputados para aprobar la cuestión previa. De ser así, la acción sería rechazada incluso antes de ser votada la acusación propiamente tal.
En caso de que siga su curso, por tratarse del Presidente de la República, para acogerse la acusación necesita mayoría absoluta, es decir, el voto favorable de la mayoría de los 155 diputados en ejercicio, es decir 78; y actualmente son 83 los que se definen como oposición.
Si logra este apoyo, en el Senado -que actúa como jurado- la acusación se aprueba con dos tercios de los 43 parlamentarios en ejercicio, es decir 29; pero actualmente sólo 23 se identifican como oposición.
