A las 10 horas el Senado comenzó el análisis de la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior Andrés Chadwick, una pieza clave del oficialismo que enfrenta el libelo por su eventual responsabilidad en los casos de violación de derechos humanos durante el estado de emergencia.
El Senado tendrá la última palabra sobre el futuro político del ex jefe de gabinete, luego que la oposición logró el pasado jueves 28 de noviembre conseguir 79 votos, 70 en contra y una abstención, y aprobó la acusación constitucional en su contra en la Cámara de Diputados.
Al primo y mano derecha de Piñera, quien debió dar un paso al costado, en medio del estallido social, se le imputa que en materia de orden público y seguridad, se violaron los derechos humanos de los chilenos. Para empeorar el panorama, el libelo contra Chadwick se cruza con la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera que se vota este jueves en la Cámara de Diputados.
El Gobierno apuesta a todos sus esfuerzos por lograr salvar a una carta política que es parte del legado de Piñera. En el Senado, se prevé que Chadwick esté acompañado de los ministros del Interior Gonzalo Blumel y de la Segpres, Felipe Ward, y el oficialismo pone todas sus fichas en conseguir los tres votos necesarios para desactivar el libelo.
La acusación requiere el respaldo de la mayoría de los senadores en ejercicio, es decir, al menos 22 votos, y la oposición tiene 24 representantes en la Cámara Alta. El oficialismo cuenta con 19 senadores de Chile Vamos, por lo que el Gobierno necesita asegurar al menos tres votos de la oposición para que el libelo sea rechazado. Uno de ellos sería el socialista José Miguel Insulza, quien fue camarada de Chadwick en el Mapu, y transparentó a su bancada que su determinación tiene una “carga personal”. Sin embargo, este argumento es desechado por otros parlamentarios, como el senador DC Francisco Huenchumilla, quien sostuvo que “este es un tema político, no un tema personal”.
Ante este debate, el presidente del Senado Jaime Quintana (PPD) sostuvo que el voto de los parlamentarios debe ser “un voto en conciencia, pero el tema de los derechos humanos también son parte de esa conciencia que tenemos como país”.
A juicio del titular del Senado, “los derechos humanos han sido vulnerados fuertemente (…) ha habido por lo menos, si no sistemática, generalizada violación de derechos humanos. En eso hay una responsabilidad del Ejecutivo o de las policías (…) y cuánto de ello es responsabilidad del ex ministro (Andrés) Chadwick se va a determinar en las próximas horas”, dijo Quintana a Radio Cooperativa.
El otro voto que podría favorecer a Chadwick es el del senador PS Juan Pablo Letelier, quien tiene una estrecha relación con el ex ministro, con quien no solo en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado por años, sino que también el poder en la Sexta Región, donde ambos han ejercido casi como caudillos locales.
El cronograma
El cronograma del Senado contempla sesiones especiales este 10 y 11 de diciembre, que comienzan a las 10 de la mañana de este martes.
Esta jornada, hasta las 14:00 horas se escuchará la relación que efectuará el Secretario General y, luego a los diputados miembros de la Comisión Especial que formalizarán dicha acusación, integrada por Gabriel Boric (CS), Marcos Ilabaca (PS) y Gabriel Silber (DC).
De 15:00 horas hasta concluir, es el turno de la defensa del acusado, representado por el abogado Luis Hermosilla, y luego los diputados acusadores podrán realizar la réplica. Finalmente, la defensa hará su dúplica.
La jornada crucial será mañana miércoles, a partir de las 10:00 horas, en una sesión sin hora de término. En la oportunidad, cada senador y senadora podrá fundamentar su voto respecto de los dos capítulos del libelo acusatorio, hasta por 15 minutos en total. Terminados dichos fundamentos, se pondrá en votación separada, cada uno de los capítulos de la acusación.
La declaración de culpabilidad deberá ser pronunciada por la mayoría de los senadores en ejercicio. Cabe agregar que, si bien Chadwick ya dejó su cargo en el Gobierno, la acusación constitucional solicita la inhabilidad del ex ministro para el ejercicio de cargos públicos por un plazo de cinco años.
