Como medio de comunicación manifestamos nuestro público rechazo a la decisión del Consejo Regional de Tarapacá de realizar su cuenta pública anual lejos de la ciudadanía, cerrada al público y, por sobre todo, realizando una selección de los medios de prensa presentes en la ceremonia.
¿Es posible en una democracia moderna que instituciones que son mandatadas por los territorios de la región de Tarapacá acoten los espacios que la ley ha dispuesto como obligatorios para dar cuenta de la gestión ante los ciudadanos, cercenando con ello el involucramiento activo en instancias públicas cuyas decisiones tienen, sin lugar a dudas, repercusión en las vidas de esos mismos ciudadanos?
La ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional es clara en las obligaciones que tiene el presidente del Consejo Regional, una de las cuales le ordena dar cuenta pública anual “a la comunidad regional“, además de a ese reducido puñado de personas que son las autoridades locales.
Y ante ese artículo de la ley es válido preguntarse cuántos integrantes de la sociedad civil están al tanto, hoy, un día después, de lo relatado ayer por el presidente del Consejo Regional de Tarapacá en la soledad de la exoficina salitrera Humberstone.
La participación de las personas establecida en la ley 20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, no fue un capricho del legislador en atención a las solicitudes de transparencia que hicieron por años los ciudadanos. La incorporación de este proceso en la gestión de los servicios públicos tiene fundamentos que bien harían, tantos los consejeros regionales como, en especial, su presidente, en volver a revisar y asimilar en conciencia, partiendo con el más profundo de ellos: la participación es un derecho de la sociedad civil.
Dado lo ocurrido es necesario volver más atrás y recordar los criterios que tuvo la implementación de la participación ciudadana en la gestión pública. Allí se definieron los conceptos clave de este proceso, uno de los cuales indica que las cuentas públicas son un “diálogo público” y no, como han acostumbrado nuestras autoridades, un monólogo paternalista y acotado de la autoridad de turno.
Con la decisión que han acostumbrado tomar las autoridades obligadas a ejecutar actos de cuenta pública, esto es, abrir las puertas solo a una lista protocolar de otras autoridades, poniendo trabas de acceso a los ciudadanos que, justamente, son quienes los instalaron en sus cargos o pagan los impuestos que financian sus remuneraciones, se está yendo en contra de la participación como derecho, no se cumple con el fortalecimiento de la sociedad civil, se afecta la inclusión, hay un desprecio evidente por el enfoque de derechos y se pasa a llevar el legítimo derecho de la ciudadanía a un acceso objetivo a la información pública, tarea que desarrollamos los medios de comunicación y los periodistas, y no el área de relaciones públicas de cada uno de los organismos públicos.
Sobre este último punto, queremos hacer especial énfasis en que el hecho de que las autoridades envíen un comunicado que contiene solo lo autorizado por ellos mismos a emitir es, lisa y llanamente, no enfrentar los legítimos cuestionamientos que surgen desde la ciudadanía y una censura hacia las preguntas que podríamos tener los profesionales de la prensa y los medios de comunicación.
La región de Tarapacá tiene más de 280 mil habitantes y las decisiones del Consejo Regional tienen efectos sobre cada uno de ellos. Nos preguntamos, con legítima duda, cuántos de esos ciudadanos tienen certeza de lo que está haciendo el Consejo Regional de Tarapacá; cuántos accedieron al discurso del presidente de la instancia; cuántas personas fueron parte de su cuenta pública participativa; o bajo qué criterios se está definiendo el destino de la enorme cantidad de recursos públicos que los consejeros tienen a disposición de sus dedos anulares y de las correspondientes influencias que vuelan alrededor de sus oídos.
Dados los acontecimientos que vive el país desde el 18 de octubre, nos parece de suma gravedad para la democracia regional que se restrinjan tan evidentemente los derechos civiles y de la prensa en la forma en que lo ha hecho el Consejo Regional de Tarapacá en su cuenta pública, así como también en sus ya reiteradas prácticas de evadir ciertos medios de comunicación o, como ha visto la ciudadanía en el pasado, de realizar sesiones privadas cada vez que los cuestionados son los integrantes del mismo organismo.
Que las autoridades esgriman, hoy, problemas de espacio físico o dificultades de transporte para justificar su distancia con la comunidad no puede sino ser considerado un nuevo insulto a la inteligencia de los ciudadanos, en días en que una mayoría significativa de esos ciudadanos han expresado con fuerza su hastío ante décadas de definiciones entre cuatro paredes, las que solo nos han conducido al abuso, a la impunidad, a una desigualdad vergonzosa y a la corrupción.
