Esta mañana el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) dio a conocer su informe anual, el que esta vez estuvo marcado por el estallido social iniciado el pasado 18 de octubre.
De acuerdo a lo expuesto por su presidente Sergio Micco, “el Consejo del INDH ha llegado a la convicción de que, a la fecha, se han violado gravemente los derechos a la vida y la integridad física y psíquica”.
Micco indicó que se tienen “antecedentes robustos” como para definir que las violaciones a los derechos humanos no fueron aislados. Al respecto sostuvo que esto “produjo en su conjunto las más graves violaciones a los derechos humanos desde 1989”.
“El Estado ha faltado gravemente a su deber de proteger una serie de derechos humanos como el derecho a la vida, integridad personal, propiedad privada, libertad de circulación, al no haber podido garantizar el orden público y la seguridad ciudadana”, señala el informe dado a conocer hoy.
El INDH plantea que existen “antecedentes robustos” para señalar que no se trata de simples abusos o excesos aislados, ya que se “han conculcado numerosos derechos humanos, especialmente, aquellos relativos a la vida y a la integridad personal”.
Las cifras
Micco indicó que “no toda forma de violencia constituye una violación a los derechos humanos”, sino que se requiere el actuar de agentes del Estado, contra quienes se han presentado ya 588 querellas criminales. A la fecha, el INDH ha presentado seis querellas por homicidio consumado, y donde “existen antecedentes fundados para sindicar responsabilidades de orden penal a integrantes de Carabineros, el Ejército y la Armada”.
Por otro lado, se han presentado otras 12 acciones por homicidio frustrado en favor de 20 víctimas, las cuales también se dirigen en contra de agentes del Estado.
El documento precisa que “de las 809 víctimas representadas en el total de acciones judiciales, 344 de estas personas denunciaron haber sido detenidas ilegal y/o arbitrariamente entre el 17 de octubre y el 30 de noviembre. Todas ellas fueron puestas en libertad y, la mayoría (52,5%) fueron detenidas de forma arbitraria o ilegal según resolvieron los tribunales de justicia”.
Respecto “a la alta denuncia de hechos constitutivos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, han destacado negativamente aquellas querellas por violencia sexual. Al 30 de noviembre de 2019, hay 96 acciones judiciales por tortura, apremios, y vejámenes con connotación sexual en favor de 135 personas. Las principales situaciones en este plano son los desnudamientos, con 114 víctimas”.
Las detenciones reportadas por Carabineros y PDI durante el período de estado de emergencia fueron 6.986 fuera del toque de queda y 2.037 durante el toque de queda (con un promedio de 1.002 personas diarias). “Terminado el estado de emergencia fueron detenidas 12.416 personas (365 personas diarias como promedio), totalizándose para el período analizado 21.267 personas.
Lo importante es contrastar el total de 20.583 detenidos puestos a disposición ante un tribunal en audiencias de control de detención con los 1.098 casos en que las detenciones fueron declaradas ilegales por los tribunales de justicia. Otras 19.633 personas fueron puestas en libertad. 140 Respecto de 950 personas se decretó prisión preventiva”.
