La Mañana por Paulina

    IQUIQUE | Trabajadora demandó a CORFO por hostigamientos del director regional y pide indemnización de $70 millones

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    Participé alrededor de una hora y media en aquella reunión de preparación que había coordinado el director y tal fue mi sorpresa al escuchar de su boca que ya sabía las preguntas que algunos consejeros regionales le realizarían al día siguiente, porque ya estaba todo pauteado”.

    Este párrafo es parte de la demanda por violación de garantías constitucionales que interpuso el pasado viernes la actual funcionaria de CORFO Tarapacá, Carolina Barrera Díaz, y en la que acusa al director de la institución, César Villanueva Vega, de presionarla para aprobar un proyecto de la Asociación de Industriales de Iquique, para lo cual debió rechazar una iniciativa de turismo que tuvo mejor evaluación y mayor puntaje.

    Según relata la exejecutiva técnica de CORFO en su demanda, en julio de 2017 el Gobierno Regional de Tarapacá transfirió al organismo 360 millones de pesos para financiar iniciativas enmarcadas en el Programa Estratégico Regional de Turismo Sustentable y/o Energías Renovables No Convencionales, uno de cuyos objetivos era posicionar los destinos turísticos de la provincia del Tamarugal y fortalecer la oferta de productos de la zona interior de la región.

    Además de proyectos de carácter turístico, las organizaciones que postularan al concurso “Bienes Públicos Regionales” también podían presentar iniciativas relacionadas con la aplicación de energías renovables no convencionales.

    En ese contexto y en el mes de agosto del año 2018, Carolina Barrera recibió para su evaluación técnica el proyecto “Estrategia Territorial para el Fortalecimiento de la Experiencia de Turismo Indígena. Caso Pueblos Aymara y Quechua en la Región de Tarapacá” (código 18BCR-99571), el que fue postulado conjuntamente por Sernatur Tarapacá, la Fundación Travolution y comunidades indígenas de la Provincia del Tamarugal.

    Según consigna en su demanda, el 13 de noviembre Barrera entregó al Comité Ejecutivo Regional de CORFO -integrado por los ejecutivos técnicos de las cinco regiones de la macrozonanorte y por coordinadores y asesores de nivel central-, la recomendación favorable para aprobar el financiamiento a la iniciativa turística que le correspondió evaluar, quedando esta con un puntaje de 4.23, en una escala máxima de 5 puntos.

    En el documento de evaluación, además, se pueden observar las condiciones técnicas que acompañan la aprobación, ficha que debía firmar el director regional del CORFO para dar el vamos al financiamiento.

    Es a partir de ese momento que Carolina Barrera, la hoy exejecutiva técnica y exevaluadora de proyectos de CORFO, comienza un tenso intercambio con su director regional, quien buscaba dar prioridad a otra iniciativa.

    El Proyecto de los Industriales

    En efecto, mientras el 13 de noviembre Barrera entregaba su informe favorable al proyecto de turismo de las comunidades aymara y quechua de la provincia del Tamarugal, su colega Lorna Madariaga, también ejecutiva técnica del organismo, estaba evaluando la iniciativa “Soluciones de ERNC y de Eficiencia Energética para los sectores productivos prioritarios de la Región de Tarapacá”, proyecto que había sido presentado por la Asociación de Industriales de Iquique.

    Madariaga presentaría su reporte ante el Comité Evaluador Regional (CER) el 5 de diciembre de 2018, calificando favorablemente la propuesta de los Industriales, pero con 4.1 puntos, es decir, con menos puntaje que la iniciativa de turismo que evaluó Carolina Barrera.

    Junto con no tener suficiente puntaje, desde el CER además generaron un diagnóstico lapidario para el proyecto de la AII, el que se resume en la última de las seis observaciones planteadas por el organismo técnico de evaluación: el Proyecto presenta altas debilidades. Se sugiere revisar condición de aprobación.

    Pero el riesgo planteado por el experimentado equipo de evaluadores del CER pareció no importar al director regional de CORFO, César Villanueva, quien por esa fecha cumplía apenas seis meses en el cargo y estaba, definitivamente, empecinado con aprobar la iniciativa presentada por los Industriales.

    Las Reuniones de Presión

    El 16 de agosto de 2019, el abogado Matías Ramírez llegó hasta las oficinas de la Contraloría General de la República donde interpuso una denuncia por irregularidades y faltas a la probidad cometidas por el director de CORFO. Entre los antecedentes que presenta en esa oportunidad están los correos electrónicos que Carolina Barrera había enviado a su jefatura, junto a las instrucciones que recibió para que reevaluara negativamente la iniciativa de turismo para comunidades originarias del Tamarugal.

    El ingreso de la denuncia no estaba en los planes de Villanueva cuando unos meses antes, en noviembre de 2018, había comenzado una serie de acciones sobre Carolina Barrera para que evaluara negativamente un proyecto que se había convertido en una traba para una iniciativa en la que la autoridad regional tenía particular interés.

    Según declara Barrera en su demanda, a fines de ese mes Villanueva la citó a ella y a su colega Lorna Madariaga para solicitarles información sobre las actividades de difusión que tenían los proyectos que estaban a su cargo. De acuerdo al relato, el director de CORFO les habría explicado que “durante el período 2019 los recursos “serán muy escasos” y el factor difusión de los proyectos será sumamente relevante para visibilizar la gestión de Corfo en la región”.

    Tras enviarle la información solicitada el 30 de noviembre, César Villanueva vuelve a citar a la ejecutiva técnica a una reunión, esta vez solo en compañía del subdirector regional del organismo, René Fredes, oportunidad en que le comunican que de las dos iniciativas en evaluación solo una podía ser financiada y “que ésta habría sido una decisión final y directa del Intendente de Tarapacá, sr. Miguel Angel Quezada Torres”. Carolina Barrera sostiene en su demanda que este argumento le “llamó mucho la atención debido a que por más de 4 años que llevo en el servicio, jamás había escuchado que el propio intendente de la región recomendara alguna vez una aprobación o rechazo de un proyecto”.

    El 5 de diciembre de 2018 y cuando faltaban dos días para que se cumpliera el plazo final para cerrar las evaluaciones, Barrera es citada otra vez a reunión con el director y el subdirector, donde le informan que debe “modificar la evaluación técnica realizada en mi proyecto denominado “Estrategia Territorial para el Fortalecimiento de la Experiencia de Turismo Indígena (…)”, proponiendo su rechazo en vez de su aprobación, con el objeto que este proyecto quedara desechado y, en su lugar, se aprobara el otro proyecto postulado por la Asociación de Industriales A.G., porque ésa fue la instrucción directa del Intendente Regional de Tarapacá”.

    Barrera se negó a la petición y envió un correo electrónico a Villanueva y a Fredes para que le entregaran formalmente las razones por las que le pedían que evaluara negativamente y rechazara el proyecto. El director de CORFO respondería lo siguiente:

    Me sorprende el tenor del correo, más aún cuando en mis 6 meses como Director Regional se me piden (sic) por primera vez fundar una decisión la cual nunca en todos los comités a la fecha me han pedido justificar.

    Creo que no es la forma, el modo y la vía para expresar una inquietud. Por lo que agradeceré revisar la normativa e indicarme la obligatoriedad de fundar esta decisión, más aún cuando estamos a un par de horas de cumplir con el plazo de 50 días para la evaluación por parte del ejecutivo. Finalmente agradeceré agendar reunión con solo los ejecutivos para socializar el tema en cuestión y adicionar a un mejor resolver, el día de hoy a las 10:30. Atte, Cesar Villanueva Vega. DR Corfo Tarapacá”.

    Fichas de Rechazo

    Con la fecha tope de aprobación encima y con el director de CORFO ejerciendo presión, finalmente Carolina Barrera se vio obligada a enviar lo instruido, modificando su recomendación favorable por un rechazo e incorporando el argumento que le había entregado su jefatura. Sin embargo, mantuvo el puntaje de evaluación en 4.23.

    Pese a que había cumplido con lo solicitado, como la observación “a) El proyecto postulado no se ajusta a los actuales lineamientos estratégicos del Gobierno regional” no constituía un argumento plausible para justificar el rechazo, de acuerdo a los criterios del Comité Evaluador Regional, el Director Regional se vio obligado “a inventar otras razones”, sostiene Carolina Barrera en su demanda.

    Y las razones finales quedarían plasmadas como se observa en el documento oficial de evaluación, con la paradoja que la puntuación continuó siendo el original 4.23, es decir, un puntaje más alto que el proyecto que finalmente resultaría beneficiado con los recursos que el Gobierno Regional había entregado a CORFO.

    Demanda Laboral

    Carolina Barrera actualmente no es ejecutiva técnica de CORFO. Debido a un diagnóstico de estrés agudo por el acoso laboral que sufriera luego que el caso salió a la luz pública en agosto, durante el segundo semestre de este año debió tomar sucesivas licencias médicas. En medio de esas licencias, extrañamente la Asociación Chilena de Seguridad calificó su caso como “accidente común del trabajo”, pese a que tras evaluar su entorno laboral determinaron que el origen de su enfermedad se debía a un “liderazgo disfuncional”, frase que las mutualidades chilenas aplican cada vez que las razones de las patologías de los trabajadores las gatillan jefes que comenten abusos o malos tratos.

    El 4 de septiembre, el mismo día en que César Villanueva fue citado por el Consejo Regional de Tarapacá para dar explicaciones ante la denuncia interpuesta en la Contraloría por el abogado Matías Ramírez, Carolina colapsó. Luego que el director regional del organismo le insistiera ese día -“de manera enérgica”, indica la demanda- que lo acompañara a dar explicaciones al CORE , la funcionaria no soportó más el hostigamiento y terminó denunciando la situación ante la Asociación Chilena de Seguridad.

    Entre el 12 de agosto y ese 4 de septiembre, a Carolina Barrera le habían solicitado que firmara una declaración pública de apoyo a Villanueva; fue invitada a pedir una licencia médica para que no declarara en las investigaciones que ya estaban en curso; el abogado del servicio le pidió declarar a favor del organismo ante la Contraloría; fue acusada por el director de ser la causante de la denuncia realizada por los abogados del diputado Hugo Gutiérrez; y, además, debió participar en varias reuniones preparatorias para enfrentar al Consejo Regional, en una de las cuales escuchó al director regional del organismo declarar “que ya sabía las preguntas que algunos consejeros regionales le realizarían al día siguiente, porque ya estaba todo pauteado”.

    Por si fuera poco, el pasado 28 de noviembre Carolina Barrera es notificada formalmente que ya no era más ejecutiva técnica de CORFO y que pasaba a depender del área de Control y Gestión del organismo.

    Así las cosas, el viernes recién pasado la hoy exejecutiva interpuso una denuncia ante el Juzgado del Trabajo de Iquique por violación de sus garantías constitucionales, demanda en la que solicitó al tribunal que CORFO la indemnice con 70 millones de pesos por el daño moral sufrido, debido a los tratos que recibió por parte del director regional del organismo, César Villanueva.

    En el último párrafo de su relato, Carolina Barrera sostiene que al retornar a su trabajo, tras la reciente Navidad, se encontró con la sorpresa que su nuevo jefe no había sido informado que llegaba a esa área y que “ahora estoy sentada frente a un escritorio sin hacer nada, porque nadie sabe lo que debo hacer”.

    REVISA LA DEMANDA COMPLETA AQUÍ

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