La Contraloría General de la República dictaminó este martes que los alcaldes no tienen las facultades legales para obtener información sobre los pacientes con COVID-19.
El pronunciamiento fue emitido luego de que el Ministerio de Salud pidiera una resolución en torno al tema a raíz de las solicitudes realizadas por distintos municipios.
“La información de salud relativa a los pacientes que hayan sido diagnosticados con COVID-19 forma parte de la ficha clínica de cada uno de ellos y constituye un dato sensible“, establece el dictamen del ente fiscalizador.
“Solo puede ser objeto de tratamiento -esto es, puede ser extraído, disociado, comunicado, cedido, transferido, transmitido o utilizado en cualquier otra forma-, en lo que interesa, cuando la ley lo autoriza expresamente”, agrega el documento firmado por Jorge Bermúdez.
El asunto generó que los 58 alcaldes firmaran una carta para realizar la petición, a lo que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, respondió que “con la mejor intención, están alentando al ministerio a que cometamos un delito”.
Finalmente, el texto cita que ni la ley Nº 20.584 ni otros textos legales “autorizan expresamente a las municipalidades o sus respectivos alcaldes para realizar el tratamiento de datos sensibles”, por lo que “no resulta procedente la entrega a tales entidades o autoridades de información de salud”.
