Por 105 votos a favor, 15 en contra y 20 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la conformación de una nueva comisión investigadora que se abocará a indagar sobre el alza en las cuentas del servicio domiciliario de energía eléctrica detectadas en este período de pandemia que afecta al país y que se explicarían en lecturas de consumos presuntos o sobre la base promedios estimados.
Para lo anterior, se contempla analizar, entre otros puntos, los actos del Gobierno, en particular, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y del Ministerio de Energía.
Para el cumplimiento de su propósito, la comisión deberá rendir su informe en un plazo no superior a 60 días y para el desempeño del mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.
En la petición, formulada por 76 diputadas y diputados, se destaca que clientes de todo el país comenzaron a realizar denuncias por el alza en sus cuentas, señalando que el cobro era excesivo y que en ningún caso reflejaba el consumo promedio de los últimos seis meses, base de cálculo que utilizarían las empresas para la facturación provisoria.
Asimismo, se resalta que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, ente encargado de la fiscalización de las empresas distribuidoras de energía eléctrica, ha recibido más de 11.000 denuncias por el alza.
Sobre el punto, se recordó que el superintendente Luis Ávila señaló ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara que cuando no se produce la lectura real, que permite saber el consumo de un hogar o local comercial, la norma define que se debe hacer una facturación en base a promedios lo que resulta en una facturación provisoria. “Es provisoria hasta que la compañía averigua el valor real. Una vez que eso sucede, se ajusta a lo que efectivamente se consumió”, afirmó.
Pese a lo anterior, las y los legisladores solicitantes de la comisión estiman que el problema es “actual y es masivo” y que “las autoridades del Gobierno que están mandatadas para fiscalizar a las empresas distribuidoras deben explicar las razones de estas alzas, los procesos realizados y fórmulas de cálculo empleadas para informar los resultados de las investigaciones, cantidad de denuncias recibidas, medidas adoptadas y, en general, velar por las miles de personas que hoy encuentran cobros excesivos de un servicio básico como lo es la energía eléctrica, en medio de un terrible momento sanitario y económico global”.
