Las denuncias tardías implican que las acciones penales estén prescritas antes que la víctima esté preparada para iniciar el proceso. Es uno de los fundamentos que expresa el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para mejorar las garantías procesales, los derechos de las víctimas de los delitos sexuales y evitar su revictimización (boletín 13.688)
Para el tratamiento de esta iniciativa, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados recibió la exposición de uno de sus autores, el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN). “Nosotros creemos que el abuso sexual, que tiene una relación directa con la violación, debiese tener una prescripción similar a la de violación, es decir, 10 años y no cinco como está actualmente en la ley”, planteó el legislador.
Por su parte, la diputada Maite Orsini (RD), también autora de la propuesta, señaló que se busca que las entrevistas sean grabadas con el fin de que las víctimas de abuso sexual y violación no se sean revictimizadas dentro del proceso judicial.
“Lo que se busca es garantizar los derechos de las víctimas de este tipo de delitos y en su proceso, no dando a conocer su identidad. Además, que puedan tener la opción de realizar una única declaración grabada, si así lo desean, para evitar la constante revictimización que supone revivir una historia de abuso sexual en diferentes instancias”, sostuvo la parlamentaria.
La instancia legislativa, presidida por el diputado Miguel Ángel Calisto (DC), acordó invitar a una próxima sesión a Alejandro Barra, padre de Antonia, la joven que se suicidó tras ser violada, quien es impulsor de esta iniciativa.
Fundamentos
La moción, presentada por las diputadas Maite Orsini (RD), Gael Yeomans (PCS) y Paulina Núñez (RN), junto a los diputados Gonzalo Fuenzalida (RN) y Marcelo Díaz (IND), más la exdiputada Marcela Sabat (RN), pretende, principalmente, garantizar un derecho a una vida libre de violencia.
La iniciativa propone siete puntos principales:
Extender el plazo de prescripción del delito de abuso sexual de 5 a 10 años. Para ello, considera el daño psicológico provocado por los abusadores sexuales contra las víctimas, lo que, en muchos casos, sumado a otros factores, deriva en una denuncia tardía, lo cual implica que las acciones penales estén prescritas antes que la víctima esté preparada para iniciar el proceso.
Tipificar la figura del delito de incitación al suicidio, lo que permitiría tener una nueva consideración al momento de determinar la cuantía de la pena.
Realización de entrevistas grabadas con el fin de que las víctimas de abuso sexual y violación no se vean revictimizada dentro del proceso judicial.
Impedir que se utilice la atenuante de “Reparación del mal causado” en los delitos sexuales. Se elimina el permitir que los imputados por delitos sexuales puedan otorgar alguna compensación económica hacia la víctima y, con ello, disminuir los grados de su pena a la que podrían ser condenados.
Formación de la Academia Judicial con perspectiva de género. Se propone que la Academia Judicial considere, para la capacitación y formación de las y los jueces, materias relacionadas con las perspectivas de género en el proceso penal.
Establece un procedimiento de acompañamiento y orientación a la víctima y sus familiares previo a una persecución penal. Se propone que, cuando el Ministerio Público tome conocimiento de un delito de carácter sexual, se contacte con la víctima dentro de las 24 horas siguientes, con el objeto de asesorar en el ejercicio de sus derechos y brindar acompañamiento a la víctima y su familia.
Se restringe la divulgación de información sensible de la víctima durante el juicio y por parte de los medios de comunicación. En este contexto se podrá solicitar que ni su nombre ni su imagen sea expuesta de modo público.
