Este viernes, el Tribunal Constitucional se encuentra decidiendo el requerimiento de remoción presentado el pasado 22 de enero por un grupo de parlamentarios de Chile Vamos pidiendo el cese del cargo del diputado comunista Hugo Gutiérrez.
Según consignó La Tercera, la acción se produjo luego de que se conocieran una serie de dibujos, supuestamente realizados por niños, que el parlamentario difundió a través de su cuenta Twitter, en los que se insinuaban un ataque al Presidente Sebastián Piñera.
Sin embargo, los abogados de Chile Vamos ampliaron su requerimiento con otras opiniones vertidas en esa red social y antecedentes que -a su juicio- “incitaban a la subversión de las instituciones del Estado de Derecho”. Esta última es la exigencia que debe configurarse, detallada en el artículo 60 de la Constitución, para que el TC proceda a remover a un diputado o senador.
Entre los cargos que se le atribuyen a Gutiérrez por parte de Chile Vamos está amenazar en público a un mayor de Carabineros. Es por esto que la situación protagonizada el fin de semana pasado por el diputado comunista agitó las aguas, ya que -en parte- daba mayor credibilidad a la denuncia de su trato a miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden.
Las otras acusaciones vertidas en los escritos de los abogados que piden su remoción está su supuesta participación en la quema subversiva de un cuartel militar en Iquique, la suscripción a una declaración pública del PC apoyando la paralización del Metro y los dibujos posteados que aluden al Presidente.
Pese a esto, y a dos meses y medio que se decretara la apertura de pruebas, el 22 de mayo, los jueces del TC ya tienen -en parte- una postura que favorecería a Gutiérrez. No pocos al interior del organismo plantean que tanto los argumentos jurídicos planteados en el requerimiento de Chile Vamos como los medios de prueba aportados no serían suficientes para derrumbar el alto estándar que impone la ley para proceder al cese del cargo de un congresista electo democráticamente.