Siete meses estuvo en la justicia la querella por estafa que en enero presentó Codelco contra quienes resulten responsables por el sobreprecio en las pólizas de seguros que los sindicatos 1, 2 y 3 de Chuquicamata tenían con Chilena Consolidada entre 2004 y 2019, y con Radomiro Tomic entre 2008 y 2016, y donde Gestión y Servicios (GyS) era intermediaria. Hoy la cuprera anunció, mediante un hecho esencial, que llegó a un acuerdo con la compañía de seguros para poner fin el proceso judicial y acordó el pago de US$ 22 millones. El monto corresponde al daño patrimonial que la estatal cuantificó cuando presentó la acción judicial y que se dividen en partes iguales entre la estatal y los trabajadores, es decir, US$ 11 millones para Codelco y US$ 11 millones para los afiliados a los sindicatos que se vieron perjudicados por el mayor valor en sus pólizas.
El monto es un gran logro para la estatal, pues inicialmente Chilena Consolidada solo estaba dispuesta a reconocer un período menor y no los 14 años que se extendieron los contratos. Por eso, la cifra puesta en la mesa en ese minuto fue cercana a US$ 1 millón.
Con el acuerdo, se cierra la arista penal y solo quedaría abierta la demanda laboral que Codelco interpuso como una segunda etapa de la artillería legal donde acusó ser parte de un “fraude orquestado”. En esa acción, la estatal está solicitando el desafuero de más de 20 dirigentes sindicales activos de Chuquicamata y de Radomiro Tomic acusados por la minera por posible malversación de fondos. También se deja sin efecto la potencial demanda civil que Codelco estaba estudiando activar contra Chilena Consolidada cuando presentó una medida prejudicial donde solicitó a la aseguradora conocer el informe final y las conclusiones de la investigación interna que realizaron y que luego sería públicamente conocida como “proyecto Arcadia”.
Pero en estos siete meses el llamado “caso seguros” abrió muchas aristas. Una de ellas fue la salida del histórico gerente general de Chilena Consolidada, José Manuel Camposano, quien presentó una millonaria demanda laboral por vulneración de derechos fundamentales en su despido y entregó a la justicia una serie de conversaciones vía WhatsApp que sostuvo a partir de enero del año 2019 con varios integrantes del grupo. Las conversaciones se materializaron meses antes de la demanda de Codelco, en enero pasado, y escalaron hasta la cúpula de Zurich, en específico a Claudia Dill, CEO de Zurich para Latam, con quien mantenía un diálogo constante respecto de las acciones de Chilena Consolidada con respecto al caso que había abierto Codelco.
Sin embargo, fue la matriz de la aseguradora la que habría pavimentado el camino para sellar el actual acuerdo, indican fuentes conocedoras de las gestiones, a través de su disposición al diálogo y a la transparencia. Esto, pese a que inicialmente, la compañía de seguros refutó todas las acusaciones emitidas por Codelco, a través de insertos de prensa, donde recalcó que la minera siempre estuvo al tanto de las pólizas. “Codelco aceptó las pólizas y sus renovaciones, y pagó las primas por 15 años”, señaló en su oportunidad.
Intensas conversaciones
El primer acercamiento entre Codelco y Chilena Consolidada se dio en julio de 2018, cuando la minera se da cuenta del sobrecosto de las pólizas y le pide a Chilena Consolidada que saque a la intermediaria del paso. La solicitud se dio en buenos términos, pero se hizo hincapié en el conocimiento de la fuerte diferencia de la tarifa y también en que, si el camino era la vía legal, la minera se centraría solo en GyS. La distinción le convenía a la aseguradora, pues un año antes se había adjudicado la cobertura de los seguros de salud, vida, dental y catastrófico de todo Codelco, período que se extendía hasta el 31 de diciembre de 2019. Hoy esos seguros están en mano de Metlife.
Esas primeras conversaciones fueron fructíferas: en agosto de 2018 Chilena Consolidada saca a Gestión y Servicios como intermediaria entre la aseguradora y el sindicato de Radomiro Tomic. Los diálogos se mantuvieron y ya en enero de 2019 Chilena Consolidada reconoce los sobreprecios y la privada y Codelco comienzan a conversar sobre el mecanismo para devolver los dineros cobrados de manera adicional. Los diálogos continúan y en octubre la aseguradora le ofrece a Codelco firmar un documento para formalizar la devolución de -al menos- parte de las primas pagadas en exceso. Pero en ese momento se generó el quiebre mayor, pues la minera se niega, ya que el acuerdo solo contemplaba el pago de las primas pagadas a partir del 13 de agosto de 2018, dejando fuera los cobros excesivos que se venían cancelando desde al menos, 2005.
Historia del caso
Esta situación fue descubierta luego de que Codelco activara distintas investigaciones que dieron cuenta de un sobreprecio injustificado en el pago de los seguros de vida y de accidentes personales contratados por los sindicatos, y cuya prima era financiada en partes iguales por los trabajadores afiliados y Codelco. Las directivas sindicales estaban a cargo de la administración de los seguros, incluyendo la búsqueda de la aseguradora, la revisión de las ofertas y, finalmente, la contratación de la entidad escogida, por lo que eran ellos quienes definían cómo y a quién adjudicar el contrato.
Desde 2005 en Chuquicatama y desde 2007 en Radomiro Tomic, estas pólizas se adjudicaron a la Compañía de Seguros Chilena Consolidada, con la intermediación de GyS, empresa que asesoraba a los sindicatos en la contratación de los seguros. Las pólizas fueron renovadas sucesivamente por periodos de tres años, siempre con la intermediación y asesoría de GyS. En simultáneo, esa misma empresa formaba parte de la oferta de la aseguradora como prestadora de “servicios adicionales” incluidos en las pólizas, al mismo tiempo que asesoraba a los sindicatos en las evaluaciones técnicas y económicas para definir a la firma adjudicataria del contrato.
Codelco realizó cotizaciones que evidenciaron un alto sobrecosto de las pólizas en comparación con otras similares del mercado. Esta situación se explicaba, en parte, porque los seguros incluían -bajo el concepto de servicios adicionales- la entrega por parte de GyS de asesorías legales y sicológicas para la familia en caso de defunción del trabajador. Estos servicios, por los que se cobraba un monto que abultaba excesiva y artificialmente el precio de las pólizas, eran innecesarios y en la práctica inexistentes, ya que algunos de ellos son ofrecidos en el mercado a precios sustancialmente menores e incluso en parte son cubiertos por los planes de salud de la Corporación. Adicionalmente, se identificaron “Actas de Acuerdo” suscritas entre GyS y las directivas sindicales en que se comprometía el pago de una serie de beneficios a los sindicatos – al margen de las condiciones contratadas en las pólizas- a cambio de la renovación automática de los seguros, así como beneficios y pagos efectuados por GyS y la aseguradora a algunos de los sindicatos.
En enero de 2019 Codelco comenzó una investigación a cargo de su Auditoría Interna por estas desviaciones en Chuquicamata, a lo que se sumó un informe evacuado por Cochilco en septiembre del mismo año, y una auditoría interna adicional para Radomiro Tomic. Las principales conclusiones de estos procesos fueron la detección del sobrecosto de las pólizas y el traspaso de fondos desde GyS y Chilena Consolidada hacia los sindicatos. Estas serían entre un 63% y un 68% más altas que pólizas con iguales beneficios y coberturas.
