Un manejo “sui generis” para los datos esenciales para la correcta gestión de la pandemia. Esta es solo uno de los reproches que formula el fiscal Xavier Armendáriz al ex ministro de Salud, Jaime Mañalich.
La frase forma parte de un escrito ingresado por el jefe de la fiscalía centro norte, quien encabeza la indagatoria por la presunta responsabilidad de las autoridades sanitarias en la muerte de más de 12 mil personas producto de la pandemia, ante la Corte Suprema. Un texto de 23 páginas donde Armendáriz argumenta la necesidad de poder acceder a datos que, hasta ahora, el Minsal rechaza entregar.
Es en la página 9 y 10 del documento donde Armendáriz entrega ocho “premisas premilinares” sobre el actuar de las autoridades.
Una de ellas, que el ex ministro y su entonces jefa de gabinete Itziar Linazasoro, habrían implementado un sistema de recolección de datos que “no solo era improvisado y distinto del diseñado bajo parámetros técnicos, por el Departamento de Epidemiología del Minsal, sino que, además, manejaba información incompleta”.
Y no solo eso: asegura que la estrategia de las denominadas cuarentenas dinámicas, se realizaron a partir de información “incompleta, obviando variables relevantes como la tasa de reproducción o el real número de casos activos que existían en una determinada localidad”.
“Tampoco se tuvo a la vista, a la hora de adoptar tales determinaciones, datos complementarios relevantes como la configuración socio-económica de una determinada localidad y sus condiciones de vulnerabilidad”, agrega Armendáriz. Aunque no lo menciona explícitamente, sobre este tema el propio Mañalich reconoció que no tenía “conciencia de la magnitud” del hacinamiento en comunas de la Región Metropolitana.
El fiscal agrega que estas “brechas” informativas eran “evitables” ya que tanto el ministro como sus asesores contaban con “información real y fidedigna” del comportamiento de la pandemia en Chile, disponible en el mismo Ministerio por medio del DIPLAS y los datos que constan en el sistema Epivigila.
A esto se agrega, dice, que el Ministro “no solo fue advertido por la comunidad científica
de la falta de sustento técnico de sus decisiones, sino que fue directamente informado, vía correo electrónico, por la funcionaria de su dependencia”.
Se trata de Johanna Acevedo, jefa de la División de Planificación Sanitaria del Minsal y anterior jefa del Departamento de Epidemiología del ministerio, y quien tuvo entre sus tareas la implementación de la plataforma Epivigila.
En su declaración, la funcionaria detalla que le habría alertado a Mañalich que los datos que manejaba “no eran los correctos y que la curva epidemiológica que éste presentaba al país era una curva equivocada, pues, la real demostraba un alza mayor en el número de contagios”.
Según declaró Acevedo, “en marzo o abril las diferencias (en el número de casos) eran mínimas y eran atribuibles a la recepción de la información, y eso es normal, si habían 2 o 3 daba lo mismo, porque al día siguiente se compensaba. Pero cuando fueron 90 fue el hito que marcó el inicio de las diferencias, que comenzaron a crecer día a día, superando los 30.000 cuando el Ministro Mañalich dejo el Minsal”.
“Después salió el informe de Contraloría, que decía que había casos que no se informaron, pero esos casos sí se informaron siempre a la autoridad Minsal, desde la fecha que señalo, de 19 de mayo, con el informe que enviamos a diario. O sea, la brecha que dice Contraloría era en la información pública, no en la que manejábamos internamente en el Minsal”, declaró la funcionaria del Minsal, según consta en el escrito.
Y sobre este mismo tema aporta un dato clave: ya al 2 de marzo existía en la propia plataforma de Epivigila una diferenciación de casos sospechosos y confirmados. Adicionalmente, Acevedo declaró que enviaba informes periódicos a Mañalich con datos desagregados por comuna, y considerando aspectos como el porcentaje de la población mayor de 60 años, en control por enfermedades pulmonares, sobrepeso e incluso sistema de salud al que estaban afiliados. Nade de eso habría sido considerado.
También declaró Jorge Pérez, investigador del Instituto Milenio, organismo que se retiró de submesa de datos del Ministerio de la Ciencia porque -testificó- no vieron “real voluntad” de liberar cifras.
El organismo buscaba hacer un software que, resguardando datos anónimos, permitiera hacer cruces y ayudar en la toma de decisiones. Sin embargo, las cifras que se les proporcionaban desde el Ministerio de la Ciencia, eran las mismas de los informes diarios.
En esta línea, se cita la declaración del ministro de la Ciencia, Andrés Couve, quien admite que el organismo “no genera datos propios” sino que se trata de una data proporcionada por el Minsal y señala “desconocer” el funcionamiento del DEIS.
Adicionalmente, asegura que la incorporación de casos sospechosos (ocurrida tras la llegada del ministro Paris) o la corrección de los datos de fallecidos confirmados “no fueron concordados con la mesa de datos”.
Así las cosas, Armendáriz agrega que el proceder del ex titular del Minsal no solo fue en contra de las recomendaciones de la OMS -que planteaba la necesidad de considerar los casos sospechosos de Coronavirus dentro de las estadísticas, al admitir que los test PCR presentaban ciertas barreras de acceso- sino que además las sugerencias del Comité Asesor convocado por el gobierno y los propios protocolos vigentes.
Para el fiscal, el proceder del ex ministro “pudo haber influido gravemente en la toma de decisiones relativas a acciones destinadas a salvaguardar la salud de la población y la vida de los ciudadanos chilenos”.
E incluso habla de una adopción “inoportuna” de cuarentenas en ciertas zonas del país, y cita como un caso paradigmático el de la Región Metropolitana, la que pasó “en pocos días, de estar en una meseta que anticipaba una ‘nueva normalidad’ a transformarse en el lugar donde se desarrollaría la denominada ‘batalla por Santiago'”.
Todo esto, concluyen, “pudo haber influido decisivamente en el aumento de la propagación de una enfermedad grave como lo es el Covid-19 entre los habitantes de la República y, consecuencialmente, haber resultado en un aumento de muertes”.
Decesos que, asegura, “no se habrían producido si se hubiera optado por decretar medidas de reducción de movilidad y aislamiento social, más tempranamente, de acuerdo con los datos reales (y no los públicos) que obraban en manos del Ministro de Salud y sus asesores”.
La investigación judicial originada a partir de una querella del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se suma a la acusación constitucional que enfrenta el ex ministro y que de prosperar podría privarlo de ejercer cargos públicos por cinco años.
