A través de una circular interna el Gobierno Regional de Tarapacá solicitó a sus jefes de división y funcionarios dar estricto cumplimiento a lo instruido por la jueza del juzgado de Garantía, Verónica Opazo Miranda, que determinó la prohibición de comunicación con los tres concejales, dos funcionarios públicos y un ex seremi, imputados por el caso Luminarias.
El oficio también fue derivado a los consejeros regionales de Tarapacá.
El caso Luminarias tiene su fundamento, por las coimas de ITELECOM, cuyos representantes, a través de ELEC, ofrecieron beneficios económicos a los funcionarios públicos imputados para que actuaran en su beneficio en cada una de las etapas del proceso de licitación, la cual les fue adjudicada en noviembre de 2018 por un monto de $3.112.132.886, con cargo a recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
La jefa de gabinete del Intendente Regional, Lilian Plaza envió una comunicación electrónica con el oficio emanado del Juzgado de Garantía de Iquique, donde se reitera la prohibición de comunicación con cualquiera de los imputados por el caso que tiene imputados a concejales, funcionarios municipales, particulares y representantes de las empresas de Telecom y Elec por cohecho y sobornos reiterados, violación de secreto, fraude al fisco, lavado de activos y asociación ilícita.
La prohibición forma parte de las decisiones tomadas por el tribunal, tras otorgar arresto domiciliario total debido a que la Fiscalía consideró que la mayoría de las diligencias por el caso fueron desarrolladas, por lo tanto, no podría existir eventualmente que alguno de los imputados entorpeciera la investigación.
En el oficio del juzgado se deja expresamente establecido que la prohibición de comunicación es con cualquier funcionario público, por cualquier medio de comunicación, en particular con quienes ejercen en la región, se encuentren en comisión de servicio o por otro motivo permanezcan en la región.
Misma decisión tomó el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, quien instruyó a los funcionarios municipales, también a través de un oficio, la prohibición absoluta de sostener comunicación con los formalizados del Caso Luminarias.
En la oportunidad, la fiscalía solicitó la ampliación del plazo de investigación en un año.
