A través de un oficio a la Cancillería fechado el 15 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio un mes de plazo al Estado de Chile para responder por la absolución de Martín Larraín tras el atropello y muerte de Hernán Canales durante las Fiestas Patrias del 2013 en Curanipe, Región del Maule.
La causa se judicializó internacionalmente en el 2015 y en agosto del año pasado, la misma CIDH pidió al Estado de Chile un pronunciamiento que ocurrido derivó en nuevas observaciones realizadas por el abogado de la familia Canales, que fueron acogidas por la Comisión.
“El Estado de Chile negó algunos hechos de evidencia en su respuesta. A nosotros nos dieron la oportunidad para hacer observaciones y dentro de ellas, acompañamos los antecedentes que rebatían y demostraban que Chile no decía la verdad”, dijo el abogado Gonzalo Bulnes.
El jurista manifestó que “al parecer nuestras observaciones fueron contundentes y la CIDH decidió abrir debate sobres los puntos, lo que es esperanzador debido a que esto ocurre cuando se ha tomado la decisión de preparar un juicio internacional”.
El abogado indicó que “se abre la posibilidad de que el nuevo juicio contra Martín Larraín, sea una realidad, en el que queremos acusarlo de homicidio por omisión, porque tenía el deber de auxiliar a Hernán (Canales) y no sólo lo dejó morir, sino además no lo bajo de la cerca de púas donde quedó colgado después de ser arrollado”.
Gonzalo Bulnes informó que la notificación de la CIDH llegó a Chile el 18 de septiembre y que la resolución para determinar si existirá un juicio internacional, demorará entre un año y un año y medio, tras la respuesta del Estado.
En diciembre de 2014, el Tribunal Oral de Cauquenes absolvió a Larraín al considerar que “no se pudo comprobar que el impacto ocurriera fuera en la berma”, y destacó que Canales “se desplazaba por la ruta con 2,43 grados de alcohol en su sangre”.
