La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamó a una investigación exhaustiva de los hechos ocurridos el 2 de octubre en el puente Pío Nono en Santiago de Chile, que resultaron en lesiones graves de un adolescente de 16 años. La Oficina valoró que la Fiscalía haya iniciado la investigación de manera pronta, y expresó solidaridad con el adolescente y su familia.
Para la Oficina es necesario investigar y, si procede, juzgar y sancionar no solo la responsabilidad individual del funcionario de Carabineros directamente involucrado, sino también investigar la eventual responsabilidad de los mandos a cargo de la operación, pues resulta especialmente preocupante la omisión de asistencia por parte de Carabineros a la víctima, que tuvo que ser auxiliada por otros manifestantes y rescatistas civiles. “Las y los rescatistas civiles merecen todo el reconocimiento y apoyo de la sociedad chilena,” señaló el Representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab.
De acuerdo a la Oficina, el caso del puente Pío Nono no es excepcional, sino que se suma a la ya extensa lista de otros casos de violaciones de derechos humanos por parte de fuerzas de orden cometidas en el contexto de manifestaciones sociales, que han sido documentadas en distintos informes a nivel internacional y nacional como el la propia Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos después de su misión en 2019, los de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, del Instituto Nacional de Derechos Humanos; e incluso después de estos informes.
“Preocupa el continuo e incondicional respaldo a las fuerzas del orden y seguridad, pues son conductas reiteradas. Hago un llamado a que se identifiquen los patrones y analicen las causas que favorecen estas conductas”, expresó Jarab.
El Representante enfatizó que “se necesita una reforma profunda de las fuerzas del orden y seguridad, que tenga como pilares la profesionalización de sus agentes, formación en derechos humanos, subordinación a la autoridad civil y especialmente, mecanismos de rendición de cuentas en todos los niveles. Además, se necesita abordar las causas estructurales de la conflictividad en la sociedad, como la desigualdad socioeconómica y la inequidad social. El Estado debe proteger los derechos humanos de todas las personas en condiciones de igualdad y no discriminación.”
