Había pedido más plazo a la Corte Suprema, argumentando que fue mal notificado, pero decidió responder este lunes. El ministro de Salud, Enrique Paris, ingresó su respuesta al máximo tribunal detallando las razones de por qué se negó a entregar los correos electrónicos solicitados por la Fiscalía Centro Norte en el marco de la investigación que lleva el fiscal Marcelo Carrasco, por las muertes relacionadas a la pandemia del Covid-19.
La controversia, que llegó hasta la Sala Penal de la Corte Suprema, se desató luego de que Paris se negara a dar curso a la diligencia, autorizada por el magistrado del 7mo Juzgado de Garantía Darwin Bratti, la cual solicitaba la incautación de los correos electrónicos del exministro Jaime Mañalich, de su exjefa de gabinete Itziar Linazasoro y de la subsecretaria Paula Daza.
La negativa de Paris, según argumentó, se basó en el hecho de que a su juicio entregar esa información ponía en riesgo la seguridad nacional y violaba la privacidad de los datos que protege la ley sobre derechos y deberes del paciente.
En su respuesta, Paris dice que la solicitud del Ministerio Público “resulta indiscriminada, imprecisa y de un alcance excesivo”. En esa línea, agrega que la fiscalía pretende pedir todos los correos “sin exigir un mínimo de, a lo menos, pertinencia respecto de los hechos que son objeto de la investigación” y sin estipular un “marco temporal”.
En ese mismo sentido, Paris dice que el Ministerio Público “derechamente ha entorpecido la actuación del ministerio que dirijo”, ya que, agregó, se tiene que tener en cuenta de que los funcionarios del Minsal se encuentran “trabajando a tiempo completo en la contención de la pandemia dedicando incluso parte de la jornada de nuestros funcionarios a extensas declaraciones” ante la fiscalía.
Luego, el titular de Salud ahonda en los argumentos de fondo. Según explica, los correos solicitados dan cuenta de la “adopción e implementación de decisiones reservadas, estratégicas y logísticas” en el marco de las facultades adicionales que se le conceden a su ministerio debido a la alerta sanitaria y el estado de excepción constitucional.
A eso, argumenta Paris, se suma que el contexto de la pandemia los ha obligado a adquirir insumos médicos de forma excepcional, dentro de los cuales están los ventiladores. Estos aparatos, sigue la presentación del ministro, se han convertido en un bien disputado a nivel mundial “en un contexto de una verdadera ‘guerra comercial y política’”. Para sustentar esa posición, el médico expone cerca de 20 artículos de prensa, nacionales e internacionales, que demuestran los riesgos de incautaciones de los aviones que trasladan los ventiladores.
Seguridad nacional
Citando jurisprudencia del Consejo para la Transparencia y otras fuentes legales, la respuesta de Paris a la Suprema también plantea que este riesgo internacional que implica la compra de insumos médicos, compromete la seguridad del país. En esa misma línea, en el escrito indica que la coordinación del Minsal implique a su vez “destinar efectivos policiales y militares”.
Finalmente, realiza una crítica a Bratti. Según Paris, el juez “incumplió el estándar legal requerido por el Artículo 236 del Código Procesal Penal en la resolución que autorizó la diligencia intrusiva”.
Con todo, Salud defiende su postura, al señalar que “no existe ánimo alguno de obstruir la investigación que el Ministerio Público desarrolla”, pero no puede “validar defectos de procedimiento”.
