Pese a que la Sala de la Cámara aprobó en general, por 75 votos a favor, 47 en contra y 27 abstenciones, el proyecto que establece normas, criterios y condiciones para facilitar el retorno de los estudiantes de la educación pre-básica, básica y media, a las actividades académicas presenciales, en el contexto de la pandemia de Covid-19 (boletín 13.670); en particular, no se alcanzó el quórum necesario en las normas de Ley Orgánica Constitucional (artículos 1, 3 y 4), que requerían 89 votos afirmativos.
Con ello, se cayeron el resto de los artículos de la moción presentada por parlamentarios de oposición, lo que implica que la iniciativa pasará a archivo.
La iniciativa establecía medidas para un retorno seguro a las aulas y tenía como principal objetivo el bienestar socioemocional de familias, estudiantes y docentes. Además, abordaba la heterogeneidad de las condiciones educativas de los hogares, tanto en tiempos de receso por la pandemia como en el retorno a clases presenciales, y que amenazaban con ampliar las brechas educacionales ya existentes entre diferentes grupos sociales.
El encargado de entregar el informe de la Comisión de Educación fue el diputado Juan Fuenzalida (UDI). Luego intervinieron 20 parlamentarios/as, donde la oposición se manifestó a favor de la moción y oficialismo en contra.
Por su parte, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, manifestó que el proyecto tiene una mirada centralista que desconoce la diversidad del país e impide que los establecimientos que ya están cumpliendo las condiciones sanitarias en 2020 puedan abrir sus puertas.
Además, recordó que en dicho proceso coordinado entre el Mineduc y el Minsal, se ha aplicado la voluntariedad para que los padres y madres decidan enviar a sus hijos(as) a clases presenciales; y la gradualidad, con el retorno sólo de cursos mayores que están finalizando su ciclo escolar.
La autoridad agregó que la moción afecta garantías constitucionales como el derecho a la educación, la libertad de enseñanza y la iniciativa exclusiva del Presidente, porque al prohibir el retorno presencial, impone un nuevo régimen de financiamiento distinto al que la Ley General establece, es decir, altera la administración financiera del Estado.
El proyecto rechazado
El texto del proyecto señalaba que, conforme lo permitan los planes de desconfinamiento que se aplicarán en cada región y comuna, los establecimientos educacionales que imparten enseñanza básica y media, podrán reiniciar clases presenciales a partir del año 2021, solo cuando la autoridad sanitaria constate que existen las condiciones de salubridad necesarias para evitar el riesgo de contagio de Covid-19 para la comunidad educativa.
El plan de retorno a clases debía ser concordado entre cada establecimiento y las autoridades educacionales, previo acuerdo del Consejo Escolar.
Se establecía el retorno gradual de las clases presenciales, donde cada establecimiento debía aprobar con participación de la comunidad escolar, un plan de retorno a clases y un reglamento interno de seguridad sanitaria, que indicara el número de trabajadores que asistirá presencialmente para cumplir de manera efectiva con el retorno.
En caso de riesgo de contagio por Covid-19, se proponía que la autoridad pudiera suspender nuevamente las clases presenciales.
Agregaba que el plan de retorno a clases y el reglamento de seguridad sanitario serían elaborados por el sostenedor junto al equipo directivo docente de cada establecimiento y debían ser aprobado por las instancias de participación de la comunidad escolar: docentes, asistentes de la educación, padres, madres y apoderados, estudiantes y consejos escolares.
Asimismo, el plan debía considerar lineamientos nacionales y regionales de las autoridades sanitarias, del Ministerio de Educación y las disposiciones de esta ley; y debía ser diferenciado para enseñanza básica y media.
A su vez, la norma incluía un artículo transitorio para establecimientos cuya comunidad educativa hubiese tomado o tomara la decisión de retornar a clases presenciales durante 2020, determinado que podían mantener clases presenciales o la modalidad mixta. Sin embargo, podían retrotraer la decisión del retorno a clases presenciales, en consideración de las condiciones sanitarias y de la evaluación que la comunidad escolar en su conjunto realice.
Los autores de la moción son las y los diputados/as Rodrigo González (PPD), Cristina Girardi (PPD), Camila Rojas (Comunes), Juan Santana (PS) y Camila Vallejo (PC).
