En un escrito de ocho páginas, ingresado a la Sala Penal de la Corte Suprema, el ministro de Salud, Enrique Paris, solicita “la inmediata intervención de la judicatura” con el objetivo de suspender la autorización despachada el viernes por el 7mo Juzgado de Garantía. La resolución, firmada por el juez Patricio Álvarez, acogía la fórmula presentada por la fiscalía para cumplir con el fallo del máximo tribunal y proceder a la incautación de los correos electrónicos.
La fórmula que autorizó el magistrado Álvarez daba luz verde para que el Ministerio Público obtuviera —a través de peritos del Laboratorio de Criminalística y del Cibercrimen de la PDI , bajo supervisión de la fiscalía— “dos copias forenses (copia A y copia B) de la totalidad de los correos electrónicos sobre los cuales recae la medida”.
Esa resolución establecía que la fiscalía conservaría la totalidad de la copia A “en calidad de comunicaciones retenidas (…) como ‘copia testigo’, bajo cadena de custodia y sin poder acceder a ella”. La copia B quedaría en manos del Minsal y se le ordenó a Paris que, en un plazo de tres días, singularice “las comunicaciones electrónicas que se correspondan con los supuestos de excepción previstos” por la Corte Suprema. Es decir, los que podrían afectar la seguridad nacional haciendo alusión a la compra de insumos médicos estratégicos o la disposición de efectivos militares o policiales.
Así, con la lista singularizada de Paris, la fiscalía procedería a extraer esos correos de la copia A. De esta forma, resolvió el magistrado Álvarez, el Ministerio Público solo estaba autorizado para acceder a la copia con los correos depurados por el ministro Paris. El resto quedaría fuera de su alcance y no podría acceder a ellos.
Por esta vía, se daba cumplimiento a lo fallado por la Suprema cuando permitió la incautación de la fiscalía, pero solo respecto de aquellos correos “vinculados únicamente a la comprobación de los hechos delictivos denunciados”.
Sin embargo, a juicio de Paris la resolución del juez Álvarez “ha sido dictada en abierta contravención” con la sentencia de la Segunda Sala del máximo tribunal. En su escrito, el titular de Salud plantea que es deber de la fiscalía “identificar cuáles son los hechos delictivos denunciados, por ejemplo mediante términos o descriptores de búsqueda, y así cumplir con la exigencia impuesta por S.S.E., de hacer posible la vinculación de tales hechos con los correos electrónicos que pretende incautar”.
Esto en línea con lo que dijo Paris el mismo jueves, cuando señaló que esperaba “el listado de correos relacionado con la causa” para proceder a entregar lo solicitado.
Paris también critica al juez Álvarez por no haberles pedido su opinión al respecto: “Sin otorgar traslado, y acogiendo unilateralmente en todas sus partes, una solicitud del Ministerio Público, prescindió por completo de la primera de las restricciones ya aludidas, haciendo caso omiso de la obligación de vincular los correos electrónicos que se pretende incautar, a la comprobación de los específicos hechos denunciados”.
El escrito también agrega que “la referida resolución del 7º JGS., no guarda correspondencia con lo resuelto por S.S.E., al nuevamente autorizar el acceso total a los correos originalmente requeridos, sin exigir al Ministerio Público determinar y precisar cuáles de esos correos están vinculados únicamente a la comprobación de los hechos delictivos denunciados, limitante que la Corte Suprema expresamente estableció en su resolución de 15 de octubre”.
Por esos motivos, Paris solicita que la Suprema una orden de no innovar para que suspenda “la autorización otorgada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago del día 16 de octubre de 2020, para la realización de la diligencia de entrada, registro e incautación de la totalidad de los correos electrónicos ya referidos”.
El sábado, cuando Paris fue consultado por la resolución del juez Álvarez que acogió la solicitud de la fiscalía, el ministro no señaló su molestia con dicha fórmula. “Revisaremos los correos prácticamente uno a uno, como lo hizo la ministra Gloria Chevesich cuando investigó el Mop-Gate, y se entregarán los que estén relacionados con la situación determinada por la fiscalía”, respondió Paris.
