Gran controversia generó la defensa de la acusación constitucional contra el ministro del Interior Víctor Pérez, luego que el documento apuntara a las responsabilidades del actuar de Carabineros durante el estado de catástrofe.
De acuerdo con el escrito, los impulsores del libelo cometen “el grueso error jurídico de atribuir al Sr. Ministro acusado la obligación legal de control de orden público, ignorando el texto actualmente vigente del Decreto Supremo N° 104, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, promulgado el 18 de marzo de 2020, que declara ‘estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio de Chile”.
De esa manera, los abogados defensores Mario Rojas y Alejandro Espinoza indicaron que, durante el estado de excepción, Carabineros no dependería de la cartera de Interior, sino que de los respectivos jefes de la Defensa Nacional, quienes a su vez responden ante el ministro de Defensa.
Debido a esto, se desataron críticas al interior del oficialismo y la oposición, luego que el documento desligara de responsabilidades al ministro Pérez en los hechos contenidos en la acusación constitucional, principalmente en el paro de camioneros y en la caída de un joven al río Mapocho por la acción de un ex carabinero durante la contención de manifestaciones.
Frente a este escenario, el secretario de Estado declaró a El Mercurio que “es evidente que ese argumento de mi defensa se ha prestado para equívocos e interpretaciones diversas a la intención de mi equipo de abogados”, por lo tanto, “he instruido a mi defensa que no persevere en esa argumentación, lo que por lo demás ya fue aclarado en la sesión de hoy (ayer)”.
Según detalló, “no quiero que una frase de mi defensa pueda afectar la unidad de la centroderecha, que es uno de los activos de nuestro gobierno y una preocupación preferente del Presidente Piñera”, desmintiendo además la intención de responsabilizar al ministro de Defensa, Mario Desbordes, en los hechos anteriormente indicados.
“Aquí no hay que perder de vista que esta es una acusación con intencionalidad política y trataron de justificarla jurídicamente con una serie de elementos errados, que parten sin analizar las normas que rigen esta materia”, agregó Pérez, asegurando también que “nadie, ni el ministro del Interior ni ninguna autoridad de gobierno, ha cometido ninguna transgresión”.
El ministro Víctor Pérez se defendió además de los temas a los que alude el libelo, refiriéndose a los motivos que llevaron a que no adoptara la Ley de Seguridad del Estado contra los camioneros durante el paro que llevaron a cabo por cerca de una semana.
Al respecto, el titular de la cartera argumentó que “para aplicar la Ley de Seguridad tiene que haber un manejo prudencial de esa normativa, que es extraordinariamente dura. Tanto así que muchos de los firmantes de la acusación constitucional han expresado en el pasado una serie de reparos a esa ley. En estos seis días (del paro), lo que hubo fue incomodidad en algunos sectores, pero no hubo desabastecimiento, no hubo impedimento de tránsito total de las personas; hubo algunos impedimentos parciales y, de hecho, muchas autoridades locales cursaron infracciones a quienes estaban en eso“.
Y en el caso de la caída de un joven de 16 años desde el puente Pío Nono, donde el ex carabinero Sebastián Zamora se vio involucrado como autor del hecho y fue imputado por homicidio frustrado, el ministro Pérez recalcó que dicho día los funcionarios de la institución llevaron a cabo un nuevo protocolo.
De acuerdo con lo indicado por Pérez, esa jornada “no se lanzan bombas lacrimógenas y lo que se hace es contener y después avanzar para detener a las personas que se identifican plenamente como los que son más violentos. En eso estaban cuando lamentablemente un funcionario de Carabineros corre a detener una persona y se produce ese incidente“, concluyó.
