Para fines de noviembre, el fiscal José Morales citó a declarar como imputada por presunto lavado de activos a Anita María Pinochet, esposa del excomandante en jefe del Ejército, general (R) Juan Miguel Fuente-Alba. La mujer ya ha entregado su testimonio en dos oportunidades anteriores, desde que en 2016 el Ministerio Público abriera una investigación en contra de ambos.
En junio de 2019, su marido fue formalizado por el fiscal Morales y el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella en su contra.
Le imputaron la obtención de fondos de origen desconocido por más de $ 660 millones. Además, de acuerdo al fiscal, el retirado oficial registra gastos e inversiones por $ 7.324.926.511 entre 2010 y 2016. Estas cifras, para el Ministerio Público, no se condicen con los ingresos que obtuvo el general (R) durante el periodo, cuando ganaba al mes $ 2.993.000.
Morales dijo esa vez que Fuente-Alba usaba a su esposa como testaferro, pero hasta ahora la fiscalía aún no decide si va a formalizarla o no.
En ese escenario, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) hace un mes pidió a Morales realizar una serie de diligencias en relación a Pinochet, como citarla a declarar a ella y a otras personas vinculadas a la mujer.
Pero eso no es todo: ayer el CDE presentó una ampliación de querella la que se dirige directamente a Anita Pinochet por eventual lavado de activos.
“La imputada Pinochet Ribbeck, junto a su cónyuge, ocultó, disimuló y se aprovechó de dineros, con pleno conocimiento del origen ilícito de los mismos, según consta indubitadamente de los antecedentes de la presente indagación penal que seguidamente se singularizarán”, se indicó.
El documento detalla en ocho puntos las principales pruebas en contra de la esposa del general (R).
El primero es un informe de la Unidad de Análisis Financiero del 15 de abril de 2016. Este establece que “de la revisión de la información, llama la atención la cantidad de transacciones de compraventa de bienes raíces de alto valor realizadas por el señor Fuente-Alba y los miembros de su familia (…) la querellada Anita María Pinochet adquirió en 2013 y 2015 dos bienes raíces por $274 millones, uno de los cuales fue pagado al contado y en dinero en efectivo ($151 millones)”.
Dice que Pinochet no registra actividad económica independiente desde 2010, por lo que las adquisiciones no tienen justificación “acerca del origen de los fondos con los cuales fueron financiados”.
También el CDE cita un informe de la PDI de febrero de 2017, que señala que “desde 2008 a 2015, los activos de Fuente-Alba se incrementaron en un $215%, es decir, de $318 millones aumenta a $1.005 millones, en tanto, el matrimonio JMFP-AMPR aumenta en un 281%, o sea de $336 millones a $1.283 millones”.
Indica que “los ingresos formales totales de Fuente-Alba, entre 2008 y 2015, que alcanzan a $411 millones, no guardan relación con su incremento patrimonial y menos del matrimonio, ya que su cónyuge no registra ingresos formales que le permitan aportar a la sociedad conyugal”.
Además, el 29 de octubre pasado declaró el oficial de Órdenes de Fuente-Alba, Rodolfo Hidalgo, quien dijo que depositaba dineros a Pinochet por orden de su marido.
“Señala también que guardaba dos millones en caja fuerte de su oficina en la cada administrativa y que ‘el destino de esos fondos eran los requerimientos de la señora Pinochet. Los requerimientos de la señora Pinochet eran pagos a la señora Verónica Blackburn y otros pagos encomendados’”, dice la querella.
Agrega que “la señora Pinochet realizaba compras en la tienda de la señora Blackburn sin pagar y después yo debía pagarlas. Se trataba de compras de loza, comida y todo aquello que vendía esa tienda”.
El eventual delito base que posibilita ampliar la querella hacia Pinochet Ribbeck es el de malversación reiterada de caudales públicos cometido por parte de Fuente-Alba, quien, de acuerdo con el auto de procesamiento de la ministra Romy Rutherford, dictado en su contra, asciende a una suma aproximada de $3.500 millones.
